Juan Manuel Santos, expresidente de la República y quien firmó el Acuerdo de Paz en el 2016, envió en las últimas horas una extensa carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que alerta sobre la propuesta del presiente Gustavo Petro y el excanciller Álvaro Leyva para una constituyente valiéndose de algunos apartes que contiene el acuerdo firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc.
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Santos le pide en la misiva para que su documento lo haga llegar al Consejo de Seguridad de la ONU y que de esta manera se pueda garantizar la independencia de la JEP, como un tribunal de justicia transicional, y no para amnistías o indultos generales.
Juan Manuel Santos hace petición al Consejo de Seguridad de la ONU
“Al transmitirle el Acuerdo Final me referí expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del Acuerdo. Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del Acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe”, señala el exmandatario y Nobel de Paz.
Esta carta sale en medio de una controversia política en la que el excanciller Álvaro Leyva aseguró que el Acuerdo de Paz llamaba a un “gran acuerdo nacional” que podía interpretarse en la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Por su parte Petro se contradijo, aseguró que no se había referido a una Asamblea Nacional Constituyente, cuando lo hizo, en uno de sus discursos diciendo: “Colombia debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente”.
Este domingo, 2 de junio, en entrevista con la Revista Cambio, Petro volvió a referirse al tema y señaló que el Acuerdo de paz hay que cumplirlo y dijo que el “gran acuerdo nacional no me lo inventé yo”, señaló.
Ante esto, Juan Manuel Santos dijo en su misiva que: “Ningún aparte del Acuerdo Final propone o insinúa que se pueden desconocer las reglas establecidas en la Constitución vigente. La Corte Constitucional revisó la compatibilidad con la Constitución, no solo de las leyes que desarrollan el Acuerdo, sino también de las reformas constitucionales, de conformidad con las reglas y doctrinas constitucionales comúnmente aceptadas en esa materia en Colombia, país que se enorgullece de una tradición más que centenaria de respeto al principio de supremacía constitucional”-
