En la mañana de este domingo 2 de junio la Procuraduría General de la Nación puso en evidencia un aberrante caso que se se presentó en La Guajira y le solicitó al director regional (E) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregar la información que tiene sobre las acciones adelantadas para atenderlo.
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De acuerdo con la Procuraduría, un hombre de 55 años habría pagado una suma de 7 millones de pesos a los padres de una niña de apenas 13 años con el fin de llevársela para el departamento de Santander y luego abusar sexualmente de ella.
Por ello, el Ministerio Público le puso la lupa al trabajo que hizo el Icbf para atender este caso y darle el acompañamiento adecuado a la menor de edad.
“Rodrigo Elías Daza Vega, titular de ese despacho, deberá informar la fecha de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, su estado actual y las medidas de protección adoptadas en favor de la menor de edad. La Procuraduría también busca establecer cuál ha sido la intervención y acompañamiento psicológico por parte del ICBF para la niña y su familia”, detalló la Procuraduría en un comunicado de prensa.
Así mismo, indicó que la entidad regional tendrá que enviarle a la Procuraduría las actuaciones de verificación de derechos por parte de las autoridades a las cuales les correspondía atender el caso. Y también deben comunicar las acciones que han desplegado con el fin de garantizar los derechos de la niña de 13 años.
Le pidieron al personero municipal de Rihohacha ponerle la lupa al caso
De otra parte, el Ministerio Público informó que la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer le pidió al personero Municipal de Riohacha evaluar el seguimiento e intervención administrativa adelantados por el ICBF sobre estos hechos de presunto abuso sexual. Entre otras cosas, porque se debía garantizar derechos como el acceso a la justicia, la no revictimización y el derecho a una vida libre de violencias.
“Por último, dada la gravedad de este caso conocido a través de los medios de comunicación, el Ministerio Público requirió a la Secretaría de la Mujer en La Guajira, un informe detallado sobre la activación de rutas de atención intersectorial, para la atención integral de violencia sexual en favor de la menor de edad involucrada”, concluyó la Procuraduría.
