Esta semana se han registrado varios hechos que han dado muestras de la compleja situación que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Mientras hay inconformidad entre algunos maestros del Magisterio por las dificultades que están teniendo para acceder a servicios sanitarios, también se conoció que la EPS Sura le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud autorizar un plan de desmonte progresivo con el fin de retirarse del sistema de salud y trasladar a sus cinco millones de afiliados a otras EPS.
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En ese contexto, la Procuraduría y la Defensoría emitieron comunicados de prensa alertando por la situación del sistema de salud colombiano.
“Se ha solicitado a la cartera de Salud y Protección Social, a la Adres, al Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, gremios y EPS tomar acciones para aliviar la problemática que afecta a miles de pacientes en todo el territorio nacional. La Procuradora (Margarita Cabello) hizo hincapié en la necesidad de prestarle atención a la escasez de medicamentos, la crisis financiera por los pagos atrasados, la renuencia para revisar la Unidad de Pago por Capitación, la improvisación en la implementación del modelo de salud para los maestros, entre otros temas”, detalló la Procuraduría en su comunicado.
Así mismo, Cabello hizo referencia a las intervenciones que ha hecho el Gobierno Nacional a varias EPS del país, en las cuales, señaló el Ministerio Público, se ha registrado un deterioro y una barrera adicional para sus afiliados. Además, recordó los casos de Sura y Compensar, que pidieron autorización para retirarse de forma voluntaria.
Defensoría pidió a la Corte Constitucional declarar el estado de las cosas inconstitucional
De otro lado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que las condiciones en el sistema de salud “están dadas las condiciones para que sea declarado el estado de cosas inconstitucional en salud”, una acción que debe implementar la Corte Constitucional.
“Luego de 15 años de hacerle seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, con la cual la honorable Corte Constitucional impartió órdenes para preservar la garantía del derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad del sistema, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que están dadas las condiciones para que sea declarado el estado de cosas inconstitucional en salud”, dijo Camargo.