La Defensoría del Pueblo, que ha venido advirtiendo a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) los riesgos para los personeros del país, nuevamente llama la atención de las autoridades y entes competentes. “El riesgo de vulneración en el que están los personeros municipales, de manera particular en lo que conocemos como la Colombia profunda, donde la ausencia del Estado y de sus cuerpos de seguridad pareciera ser la constante, no debe ser ignorado”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Como garantes de los derechos humanos en todos los municipios del territorio nacional, añade el Defensor, “continúan siendo el infortunado blanco de grupos armados al margen de la ley y de las organizaciones criminales, viven bajo amenazas, situación que coacciona su ejercicio constitucional como funcionarios de tan importantes organismos de control y vigilancia, así como de defensa y protección de los derechos fundamentales, como las personerías”.
A partir del monitoreo permanente que hace en las distintas regiones de la geografía colombiana, el SAT ha advertido de manera reiterativa los escenarios de peligro tanto para la población como para los servidores públicos en general. “En lo corrido del año hemos emitido 13 Alertas Tempranas, focalizadas para 105 municipios en 17 departamentos del Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y el occidente de Colombia. Nos preocupa sobremanera la expansión y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales”, señaló Carlos Camargo Assis.
El Estado Mayor Central, grupo disidente de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), la Segunda Marquetalia, organización rebelde también disidente de las Farc, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en su constante disputa por territorios claves que les permiten fortalecer sus economías ilícitas, algunas de ellas derivadas del narcotráfico, además del paso de armas y munición, son las estructuras que mayor peligro generan para las comunidades y los trabajadores estatales.
“Por eso es crucial que el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad del Estado fortalezcan su presencia en los territorios donde el conflicto armado quiere poner en jaque a la población y a los servidores públicos. La protección de la vida de los personeros requiere de una verdadera y efectiva respuesta del Gobierno Nacional. También es su obligación constitucional garantizarles su labor y la de los demás funcionarios que están al servicio de la ciudadanía”, aseguró el Defensor del Pueblo desde Montería, donde asistió a la Asamblea General de la Federación Nacional de Personerías de Colombia.
En el espacio, Camargo Assis resaltó el programa de formación a personeros, a cargo de la Procuraduría General de la Nación, la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y la Defensoría del Pueblo. La entidad de derechos humanos ha aportado al programa con la puesta en marcha de cursos virtuales, guías interactivas, piezas audiovisuales y un repositorio especializado en derechos humanos, también con lineamientos de promoción y divulgación en derechos, defensa pública para el acceso a la justicia, entre otros.
