El Gobierno bajo la administración de Gustavo Petro está delineando un ambicioso plan que transformaría la manera en que se otorgan los subsidios en Colombia. Gustavo Bolívar, quien lidera Prosperidad Social desde hace dos meses, ha revelado detalles sobre el futuro de estos programas destinados a los sectores más vulnerables del país.
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Actualmente, Prosperidad Social maneja una cartera de $10,7 billones, de los cuales $9,1 billones se destinan a transferencias directas. Sin embargo, Bolívar ha expresado la necesidad de un presupuesto de $13 billones para el próximo año, con el fin de cubrir los pagos de $225.000 a 1,7 millones de adultos mayores y a la población infantil indígena no registrada en el Sisbén, lo que requeriría $2 billones adicionales.
En una entrevista concedida a El Tiempo, Bolívar reveló que el presidente Gustavo Petro tiene la intención de eliminar gradualmente los subsidios, reemplazándolos con proyectos productivos. La idea es proporcionar capital semilla a los beneficiarios para que puedan asociarse y emprender proyectos que generen ingresos sostenibles en lugar de depender de transferencias monetarias.
El enfoque del Gobierno de Petro es reducir progresivamente el número de familias que reciben transferencias, que actualmente asciende a 2,8 millones, mediante la implementación de programas productivos. Bolívar ejemplificó este enfoque mencionando la posibilidad de que grupos de agricultores o pescadores se asocien para establecer proyectos como molinos de arroz o granjas de tilapia, contando con el apoyo del gobierno.
Sin embargo, Bolívar aseguró que esta transición sería a largo plazo y que no se eliminarían los subsidios para grupos específicos como mujeres con niños y adultos mayores. En el caso de los adultos mayores, se prevé un aumento en las transferencias, pasando de $80.000 a $225.000 para aproximadamente 500.000 beneficiarios a partir de junio, con la posibilidad de extender este monto a todos los beneficiarios si se aprueba una reforma pensional.
Bolívar también destacó la importancia de depurar las bases de datos para evitar posibles irregularidades en la entrega de subsidios. Si bien inicialmente se estimaba que había alrededor de 150.000 personas “coladas” en los registros, Bolívar mencionó que esta cifra podría ser considerablemente menor. Además, se encontró que más de 300 personas que reciben transferencias tienen vehículos de lujo, lo que sugiere posibles fraudes en el sistema.
Otra de las prioridades de Bolívar es revisar las obras de infraestructura social con problemas de ejecución. Se identificaron 100 proyectos inactivos, denominados “elefantes blancos”, en diferentes regiones del país, y se está implementando un plan para reactivar 37 de ellos este año. Además, se ha buscado la colaboración del Contralor para supervisar estas obras y evitar posibles aumentos en los costos.
