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Testigos electorales habrían recibido $60.000 financiados ilegalmente por la campaña del presidente Petro

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, se habrían descubierto pagos no reportados durante la campaña presidencial del mandatario

ARCHIVO - El presidente colombiano, Gustavo Petro, da un discurso durante la ceremonia de toma de posesión de la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo en el Palacio Presidencial en Bogotá, Colombia, el viernes 22 de marzo de 2024. El Congreso colombi AP (Fernando Vergara/AP)

Una investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) revela presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022. Se han encontrado evidencias de pagos no reportados a testigos electorales y posibles triangulaciones de fondos a través de empresas y sindicatos.

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El CNE está a punto de presentar un pliego de cargos contra la campaña de Petro, señalando violaciones a los topes de gastos electorales y falta de reporte de ingresos a la plataforma Cuentas Claras. Se espera que este pliego contenga casi un centenar de pruebas documentales y testimoniales que respaldan estas acusaciones.

Una de las nuevas revelaciones incluye una carta de Víctor Eduardo Muñoz Rosero, abogado de dos hermanos imputados por lavado de activos, que ofrece información sobre posibles ingresos ilegales a la campaña a través de criptomonedas y la compra de una avioneta para uso electoral.

Se ha descubierto que cerca de 35,000 testigos electorales de la campaña Petro Presidente recibieron pagos de 60,000 pesos el día de las elecciones, sumando más de 1,000 millones de pesos en total. Estos pagos no fueron reportados a las autoridades correspondientes.

Además, se ha encontrado evidencia de aportes económicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) a la campaña presidencial, con sospechas de triangulación de fondos para ocultar su destino real.

Este escándalo de presunta financiación ilegal ha puesto en aprietos al presidente Petro y a los directivos de su campaña. Aunque el CNE tiene hasta julio de 2025 para tomar una decisión final, la radicación del pliego de cargos constituye un serio precedente que podría implicar consecuencias legales para los involucrados.

La situación también preocupa al Gobierno de Petro, con rumores de posibles renuncias, como la del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Las investigaciones de la Fiscalía sobre financiación irregular añaden presión adicional sobre los directivos de la campaña presidencial.

El futuro de la administración Petro podría depender en gran medida de cómo se desarrollen estas investigaciones y de las decisiones que tome el CNE en los próximos meses.

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