Una nueva iniciativa busca incentivar la compra de productos fabricados en cárceles colombianas, ofreciendo beneficios tributarios tanto para las empresas como para los consumidores. En una reciente declaración, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, y el ministro de Justicia destacaron los aspectos clave de esta política, enfatizando su impacto en la reinserción social de los reclusos y la economía de los compradores.
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La implementación del Decreto 2277, a partir del 29 de diciembre de 2023, marca un hito en la promoción de la producción carcelaria en Colombia al eximir del IVA a los productos elaborados dentro de las cárceles. Esta medida, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Comercio, tiene como objetivo principal fomentar las habilidades productivas de los reclusos y promover la comercialización de sus productos en el mercado nacional.
Según lo establecido en el decreto, los artículos fabricados internamente en establecimientos penitenciarios quedan exentos del pago del IVA. Esta exención no solo busca mejorar las condiciones económicas de los reclusos involucrados en estas actividades, sino también facilitar su integración social al ofrecer productos competitivos en el mercado sin el gravamen adicional del impuesto.
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@luiscarlosrh Replying to @Aylin Rizo Ortiz @Néstor Osuna
♬ original sound - Luis Carlos Reyes
Para garantizar la correcta aplicación de esta exención, los comerciantes deben incluir una leyenda específica en la factura electrónica de venta, certificando la procedencia y elaboración de los bienes dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta certificación, emitida por la Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o autoridades penitenciarias competentes, asegura la autenticidad y calidad de los productos.
El ministro de Justicia destacó que esta medida no solo tiene un impacto positivo en la reinserción social de los internos, sino que también promueve una economía inclusiva y solidaria. Al ofrecer esta exención, el gobierno busca eliminar barreras comerciales y promover un comercio justo para los productos fabricados en contextos penitenciarios, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más equitativa.