La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la JEP considerar incluir las muertes ilegítimas presentadas en combate como bajas de la fuerza pública, o Falsos Positivos, ocurridos en la Comuna 13 de Medellín y en el Valle de Aburrá. Piden que este tipo de casos sean entendidos como un nuevo patrón macrociminal con el fin de que las investigaciones den con los máximos responsables, y no simplemente con los soldados que dispararon los fusiles.
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“Existe una necesidad de que la magistratura entre a investigar, y de ser procedente, determinar la correspondiente imputación a los comparecientes que cumplan los requisitos para una máxima responsabilidad o participación determinante, con base en el patrón urbano de macrocriminalidad”, explica el documento presentado ante la JEP.
Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, estos asesinatos cometidos por el Ejército Nacional, tuvieron características especiales en términos de modalidad de ejecución, contexto y tipo de víctimas. Es por esto que propone que se configure una modalidad de patrón diferencial, que inicie en el año 2002.
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“Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”, explica la Procuraduría sobre el contexto en el que ocurrieron las mencionadas ejecuciones extrajudiciales.
Sumado a esto, la Procuraduría asegura que existen al menos 26 casos ocurridos en zonas urbanas que no están en el registro oficial, ya que están clasificados sin tener en cuenta las características detalladas por el Ministerio Público. De igual forma, solicitan que en el macrocaso 03, subcaso Antioquia, se tomen medidas urgentes para atender de manera prioritaria, y con enfoque diferencial de género, a las mujeres víctimas adscritas a este caso.