La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana en la cual advirtió que el Clan del Golfo, uno de los grupos armados al margen de la ley más poderosos de Colombia, está incrementando su influencia en el departamento de Córdoba, lo cual pone en riesgo a la población civil de varias poblaciones.
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De acuerdo con la información del Ministerio Público, podrían ser vulnerados los derechos de los habitantes de municipios como Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, donde el Clan del Golfo, que ahora se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha aumentado su presencia.
“También la emitimos por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, sostuvo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de la entidad.
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Entre otras actividades, la Defensoría del Pueblo también indicó que han reportado una expansión del narcotráfico y, con ello, el uso de estas poblaciones como territorios de tránsito, refugio y obtención de rentas ilegales. Además, el Clan del Golfo también ha sostenido duros enfrentamientos contra bandas criminales locales.
Algo que también está preocupando a las autoridades tiene que ver con que en los municipios mencionados se encuentra el espacio más importante para el pueblo indígena Zenú.
“La expansión y control poblacional y territorial del Frente Javier Yepes Cantero, de las AGC, que desde Montería, Cereté y Planeta Rica avanza de manera violenta hacia espacios de las subregiones del Medio Sinú y Sabanas, tiene como fin crear ‘zonas seguras’ y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan a ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño, y La Mojana con el golfo de Morrosquillo”, señaló la Defensoría del Pueblo.
Esto, a su vez, ha provocado que se registren hechos violentos contra líderes sociales y colectivos socialmente estigmatizados. También se han reportado acciones como restricciones a la movilidad de la población civil, agresiones contra la misión médica y distintas infracciones contra el DIH.
“Advertimos que el contexto de amenaza se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”, añadió el el defensor Carlos Camargo.
Con el fin de mitigar los riesgos para la población civil, la Defensoría del Pueblo también hizo 17 recomendaciones. Entre otras cosas, el Ministerio Público indicó que hay una “poca articulación” entre las entidades del Estado presentes en los municipios mencionados en la alerta e incluso unas rupturas en el gobierno del pueblo Zenú. Estos factores han generado una reducción en en la capacidad para atender las dificultades que enfrentan los cordobeses de esta zona.
“Emitimos, en consecuencia, 17 recomendaciones, para el Gobierno Nacional y autoridades locales, que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el efectivo acceso a la administración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral; adicionalmente, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos”, aseguró el defensor Camargo.
La alerta temprana de la Defensoría no es el único reporte sobre el crecimiento de grupos armados al margen de la ley en Colombia. Algunas cifras recopiladas por la inteligencia militar del Estado ya daban cuenta de que, en general, estas organizaciones ilegales habían incrementado el número de sus miembros.
Así lo señaló un reportaje de La Silla Vacía, en el cual se reveló que a nivel nacional se registró un aumento del 11 por ciento en los miembros de grupos armados ilegales entre 2022 y 2023. El que registró una mayor expansión fue, precisamente, el Clan del Golfo, que hace dos años tenía 4.061 integrantes y en 2023 reportó 4.999, según las cifras que ha manejado la inteligencia militar.