La crisis es quizás el término más preciso para definir el estado de los diálogos entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Gobierno Nacional, que parece estar cada vez más lejos de conseguir su objetivo de darle a Colombia una paz total.

Este nuevo bache empezó a abrirse desde el domingo pasado, cuando se conoció que los miembros de la disidencia de las Farc habían estado detrás de un ataque contra una comunidad indígena en el Cauca. El presidente Gustavo Petro, que ha sido un aliado frecuente de este sector de la población, reaccionó pronto y le anunció al país que el cese al fuego con el EMC se suspendería en tres departamentos (Cauca, Nariño y Valle del Cauca) a partir del miércoles pasado.

Además, en una declaración que dio durante un evento en Córdoba, arremetió contra el modo de actuar del EMC y su jefe actual, alias Iván Mordisco.

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“Ahora están matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. Qué revolución ni qué carajos, diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad”, aseguró el primer mandatario e incluso señaló al cabecilla de esa organización de ser un “traqueto”.

Pues bien, alias Iván Mordisco no guardó silencio frente a las declaraciones del primer mandatario. A través de la cuenta de X (antes Twitter) del EMC, hicieron eco de una frase que habría pronunciado el cabecilla: “Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”.

Nuevas dudas sobre la campaña presidencial

Para Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, es poco probable que las declaraciones que hizo el cabecilla guerrillero tengan un impacto directo en la favorabilidad del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, sí consideró que el Gobierno queda “en aprietos” en la medida en que debe dar explicaciones sobre el señalamiento de que las disidencias de las Farc le dieron su apoyo.

“No nos podemos olvidar de que en muchos momentos grupos armados que hacen presencia en el territorio y controlan regiones de una u otra manera han hecho ese tipo de manifestaciones. El mismo Mancuso y paramilitares como ‘El Alemán’ en su momento dijeron que ellos habían apoyado la campaña de Álvaro Uribe del 2002″, explicó el académico. Y recordó que manifestaciones similares se dieron después por parte de la extinta guerrilla de las Farc, que eran más favorables al Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos debido a su posición frente a la paz entre el Estado y ese grupo guerrillero.

“Hay que ser muy cuidadosos ahí. Una cosa es que los grupos armados ilegales de alguna manera influyan en el territorio que controlan sobre los electores exigiéndoles que apoyen a tales o cuales candidatos, algo muy usual frente a alcaldes o gobernadores, pero esa influencia, esa coacción, no puede derivar en una responsabilidad directa para el gobierno”, añadió el docente.

En esa medida, sostuvo que es la justicia la que tiene la tarea de determinar si los mandatarios involucrados en estos casos en efecto pidieron el apoyo de algún grupo armado o si conocían esas manifestaciones, las aceptaron y no las rechazaron.

No obstante, el efecto político de las palabras de alias Iván Mordisco se empezó a sentir de inmediato en la opinión pública. La oposición, de hecho, no desaprovechó la oportunidad para volver a cuestionar la legitimidad de la campaña presidencial del 2022, que ya ha estado empañada por múltiples dudas sobre su financiación.

Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, dio a conocer en la tarde del pasado miércoles 20 de marzo que había radicado ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud para investigar la campaña Petro Presidente. El documento está dirigido a la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien se espera sea posesionada por el primer mandatario en la noche de hoy.

“Es imperativo que, bajo su reciente nombramiento como Fiscal General de la Nación, se tomen cartas en el asunto de forma inmediata. El hecho de que un grupo terrorista haya podido apoyar de alguna manera la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia es una cuestión de seguridad nacional que requiere una investigación exhaustiva y rigurosa de cara al país. Esta es una prueba de fuego para el sistema de justicia colombiano, en su misión de proteger nuestras instituciones democráticas y salvaguardar el Estado de derecho”, señala la solicitud instaurada por la senadora.

El profesor Jorge Iván Cuervo, mientras tanto, señaló que era esperable que la oposición atacara al Gobierno por los señalamientos que hizo alias Iván Mordisco. “Pero desde esa misma posición, piense usted en el Centro Democrático, tendrían que explicar las declaraciones de Mancuso y de otros jefes paramilitares que dijeron que apoyaron en su momento a Álvaro Uribe, lo cual no lo hace responsable directamente de esa situación”, señaló Cuervo.

Más allá del tejemaneje político, lo preocupante es que la falta de voluntad de diálogo del EMC podría repercutir en un recrudecimiento en el conflicto armado en distintas regiones del país. Si bien el cese al fuego se suspendió en tres departamentos, los gobernantes y diversos políticos de otros territorios le están pidiendo al Gobierno que se tome una decisión similar que le permita al Ejército combatir a las disidencias de las Farc.

En todo caso, el comandante del Ejército, el general Omar Sepúlveda, señaló que se han contado cerca de 600 violaciones al cese al fuego por parte de ese grupo armado en todo el país. Así mismo, declaró que se desplegarán cerca de 20.000 uniformados para la ofensiva contra el EMC en tres departamentos.

El futuro de las negociaciones, mientras tanto, quedará en manos de la voluntad del presidente Gustavo Petro y del EMC. El profesor Cuervo señaló que es clave que se fijen unos parámetros mínimos para continuar con la negociación y que, en caso de que no se cumplan, el Gobierno esté dispuesto a pararse de la mesa.