El hallazgo hecho por la Defensoría del Pueblo se basa en el promedio anual del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, que encontró que 148 municipios del país consume agua con alto riesgo para la salud o con inviabilidad sanitaria, esto estría afectando a más de un millón de personas. De igual forma, señala que en más de 700 pueblos de Colombia, las entidades competentes no evaluaron la calidad del agua que consumen. Esto representa que, según la Denfensoría, casi 9 millones de personas se han visto afectadas por la falta de conocimiento de la calidad del agua que consumen.
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En el marco del Día Mundial del Agua, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “unas 534.000 personas ubicadas en los cascos urbanos y alrededor de 799.000 que habitan en sus zonas rurales estuvieron expuestas a una serie de vulneraciones de sus derechos fundamentales”.
Camargo menciona que los casos más graves se presentaron en Zaragoza, Antioquia, Puerto Asís, Putumayo, y los municipios de Ricaurte, Olaya Herrera, El Peñol y Samaniego, en Nariño. El Defensor del Pueblo le hizo un llamado a los entes nacionales, departamentales y locales: “Al tratarse de un derecho humano del que deben gozar las personas en el territorio nacional, y en cualquier parte del mundo, aseguren el suministro efectivo de agua y su mínimo vital bajo los criterios de calidad, disponibilidad y accesibilidad”.
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Disponibilidad y acceso al agua: los dos grandes retos
En cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico, la Defensoría manifestó su preocupación porque hay varios territorios del país donde la oferta de agua potable no está siendo suficiente para la demanda, principalmente por condiciones climáticas. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, esta temporada del fenómeno de El Niño ha dejado a 271 municipios con desabastecimiento de agua.
Para la Defensroía, el principal problema relacionado a la accesibilidad son las bajas coberturas de las zonas rurales. “Exhortamos a los alcaldes municipales a implementar estrategias para fortalecer los servicios de agua potable a través de medios alternos que la garanticen en situaciones de desabastecimiento. Además, les recomendamos destinar recursos y diseñar programas específicos para mejorar infraestructuras en zonas urbanas y rurales, involucrar a los habitantes en la toma de decisiones, evaluar tecnologías apropiadas y cumplir con las funciones ambientales”, dijo el Defensor del Pueblo.