Esposado y con un chaleco antibalas de Migración, así arribó a la base militar Catam, en inmediaciones del Aeropuerto el Dorado, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sobre las 2:29 de la tarde del martes 27 de febrero.
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Junto a 108 migrantes deportados, Salvatore Mancuso fue recibido por Fernando García, director de la Entidad y Helena Uran Bidegain, jefe de la unidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para medidas de no repetición.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Mancuso fue bajado del avión donde uniformados de Interpol le leyeron sus derechos y los procesos judiciales que tiene pendiente, llevándolo así hasta la Dirección de Antinarcóticos donde le registraron sus huellas, para luego ser dejado a disposición de la Policía Nacional.
“Comprendo que mi retorno también remueve y alienta muchas emociones colectivas, sobre todo de las víctimas a quienes ofrezco todas mis consideraciones de respeto (...) Consciente de las complejidades del contexto actual, asumo este desafío con la determinación de contribuir al diálogo y al entendimiento mutuo. Reconozco que el camino hacia la reconciliación no es fácil, pero estoy dispuesto a enfrentar estos retos con integridad y convicción”, fueron las primeras palabras escritas en un comunicado.
Mancuso, fue trasladado hasta la cárcel La Picota, donde estará recluido en una celda especial en el pabellón de extraditables, a la espera del trámite de su libertad.
Dentro de las medidas de seguridad, el INPEC informó que no tendrá contacto con otros privados de la libertad; un grupo especializado de guardas entrenados por Estados Unidos lo vigilará; y cámaras 24 horas lo monitorearán.
Las cuentas pendientes de Mancuso con la justicia y las víctimas
Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de la AUC, llega al país en condición de Gestor de Paz. Una figura que le otorgó el presidente Gustavo Petro el 15 de agosto de 2023 por medio de la Resolución 244, con el objetivo de que contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivos de grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció su actividad criminal.
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“Quiero decirle al país y al Presidente que yo honro mi palabra y acepto la designación que me hace para trabajar de la mano de la OACP (Oficina del Alto Comisionado de Paz) en la búsqueda de la paz total en la que creo (...) Lo hago para ayudar a buscar esa paz total que necesita Colombia”, dijo Mancuso desde la cárcel en Georgia, Estados Unidos, donde estaba recluido desde el 2008 y cumplió una pena de 15 años y 10 meses por narcotráfico.
De esta manera, al pisar suelo colombiano, el Gobierno Nacional solicitará a las autoridades competentes la suspensión de las medidas judiciales vigentes (...) sin perjuicio de la continuidad de su comparecencia ante las Salas de Justicia y Paz y ante otras instancias judiciales. Así lo dicta el Artículo 2 de la Resolución.
Y es que Mancuso tiene 57 órdenes de captura en su contra y debe afrontar procesos en tres jurisdicciones distintas: Fiscalía; Justicia y Paz que lo condenó a 40 años de prisión; y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que lo aceptó de manera excepcional en noviembre de 2023.
En la Sala de Justicia y Paz en Bogotá y Barranquilla, Mancuso tiene tres procesos abiertos con sentencia condenatoria por 2.234 hechos criminales y 7.500 en la sala de conocimiento. En total, 25.565 hechos criminales por asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, magnicidios, entre otros.
En Fiscalía, el exjefe paramilitar fue acusado en 2014 por 4.093 delitos cometidos en diferentes departamentos, entre los que se encuentran Córdoba, Antioquia, Meta, Santander y Norte de Santander.
Asimismo, por ser el posible autor del asesinato del exdecano de la Universidad de Magdalena, Roque Alfonso Morelli Zarate; por estar involucrado en masacres de El Aro, El Salado y Mapiripán; en la creación de una célula paramilitar en Bogotá junto con políticos y militares, con la intención de llevar a cabo una “limpieza social”; y los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir que habría cometido luego de su desmovilización en 2004 junto a 1.434 hombres del Bloque Catatumbo.
Mientras que en la JEP, es investigado por tener un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública, teniendo el poder para “mover los hilos” de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango.
“El regreso de Salvatore Mancuso a Colombia, tiene una serie de implicaciones bastante relevantes. Si quizá la más importante tiene que ver con el hecho de saldar la deuda histórica con relación a la memoria, a la verdad, a la justicia de las víctimas que fueron objeto del fenómeno paramilitar en su momento. Pero también el hecho de las posibles declaraciones de las relaciones que pudo haber tenido el paramilitarismo con alguna cierta clase política, sobretodo en el departamento de Córdoba y demás del caribe colombiano. Adicionalmente, las relaciones que ya ha mencionado frente a su papel como exjefe paramilitar con el expresidente Álvaro Uribe y otro tipo de conexiones o relaciones que pueda declarar para complementar su ejercicio de verdad y memoria”, acotó Isaac Morales, coordinador de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Fundación Paz y Reconciliación- Pares.
Si no cumple con sus obligaciones, perderá la figura de Gestor de Paz
Mancuso llega al país con compromisos claros como Gestor de Paz, para contribuir y evitar errores de futuros procesos de desmovilización, de cara a la Política de Paz Total del presidente Petro.
En primer lugar, junto con otros excomandantes de las AUC, deberá instalar y acompañar la constitución de una mesa técnica en acompañamiento con la Oficina del Alto Comisionado, para cerrar el capítulo inconcluso de los Acuerdos de Santafé Ralito en 2001.
También, tendrá que acompañar, facilitar y promover procesos de diálogo con organizaciones armadas residuales de los paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Autodefensas Conquistar de la Sierra.
Asimismo, contribuir y avanzar en la búsqueda de 200 víctimas arrojadas al lado venezolano de la frontera, tras la destrucción del “horno crematorio” donde desaparecieron centenares de personas.
Pero también y no menos importante, el hombre de confianza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil -los creadores de las Accu, la semilla que expandió el paramilitarismo a finales de los 90- deberá aportar más verdad y pruebas que permitan aperturar investigaciones, además de reparar a millones de víctimas que aún esperan respuesta sobre sus familiares.
“Desde la Fundación Forjando Futuros, como representante de víctimas y las víctimas, le solicitamos que su aporte a la verdad debe ser más elevado que el de otros testigos. Reiteramos la importancia de que nombre las alianzas y la connivencia de empresarios, fuerza pública y demás actores armados en los territorios a nivel nacional y especialmente en el Urabá en la confesión de hechos, por supuesto, en relatar la verdad de los hechos ocurridos en esta región”, señaló Nora Saldarriaga, directora de la Fundación.
¿Qué ha dicho Mancuso sobre su participación en el conflicto?
El 10, 11, 15 y 16 de mayo de 2023, el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, compareció en su última oportunidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para demostrar que actuó como actor clave en complicidad con la fuerza pública durante el conflicto armado.
Mancuso -quien originalmente está sujeto a Justicia y Paz, el modelo de justicia producto del proceso de paz con los paramilitares- se conectó virtualmente desde un centro de reclusión en Georgia, EE. UU, para no solo responder el cuestionario de los magistrados, sino darle la cara a sus víctimas de Córdoba, quienes con alabaos, velas y telas tejidas, pidieron justicia y verdad.
Parte de los compromisos adquiridos por Mancuso con el tribunal transicional, es un listado de información puntual que deberá entregar, entre otros temas, sobre las personas que alteraban los antecedentes judiciales dentro del DAS y sus víctimas, y su participación en la creación del Bloque Calima.
“Esta audiencia, como las tres de reconocimiento que hubo el año pasado, es, sin lugar a duda, una contribución a la catarsis que debe hacer la sociedad colombiana toda sobre los horrores del conflicto armado”, indicó la JEP.
Durante el primer día, el excomandante paramilitar hizo aportes sobre la expansión de las AUC a través de la fachada legal de las Convivir en Córdoba. Habló de como la fuerza pública les daba fusiles a cambio de bajas y acusó al exvicepresidente Francisco Santos de pedir la creación del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En la segunda audiencia, confesó que arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera tras la destrucción del “horno crematorio” en el que desaparecieron centenares de personas.
Ya el tercer día habló sobre alianzas paramilitares y fuerza pública, develando puntualmente el caso del asesinato de Jaime Garzón, en el que más militares, aparte del coronel en retiro Jorge Plazas Acevedo, estarían involucrados.
Finalmente, el cuarto día detalló sobre las filtraciones de información que les entregaba el DAS de aquellas personas que se consideraban objetivo militar, como estudiantes de universidades públicas, liderazgos sociales, integrantes LGBTI+, etc.
Ya en audiencias privadas, Mancuso confesó que Álvaro Uribe “siempre supo sobre la operación” de la masacre del El Aro y La Granja en el noroeste antioqueño. A lo que el expresidente se defendió tildando las declaraciones de “mentirosas” y argumentando que se trata de una venganza contra él por haberlo extraditado.
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