En la mañana de este viernes 12 de enero, se surtió la audiencia de imputación de cargos en contra del excandidato presidencial por la Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández; y su esposa, Socorro Oliveros, gerente de la campaña, luego de una denuncia presentada en junio de 2022 por los abogados Óscar Fuentes e Indemaro Lujan Lozada por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
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Esta denuncia se basa principalmente en los aportes de más de $127 millones por parte de una de las empresas de Hernández, donde su esposa aparece como representante. Violando así presuntamente los topes estipulados en la Ley 1475.
“La denuncia se presenta ante la Fiscalía General de la Nación porque hay una prohibición en la cual incurrió la campaña de y es que, en nuestro Código Penal, se advierte que no se pueden financiar con recursos prohibidos. Ninguna campaña puede recibir dinero ni ingresar en su presupuesto recursos que están prohibidos por la ley”, señaló uno de los abogados demandantes.
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Y es que Hernández al estar acusado por la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exigir sobornos para favorecer a terceros, entre ellos su hijo, y entregar un millonario contrato para manejo de basuras a la Unión Temporal Vitalogic RSU, el exsenador tenía prohibido utilizar sus propios recursos para aportar a su campaña.
Rodolfo Hernández y su esposa se declararon inocentes por delito de irregularidades en campaña presidencial
Luego de que la Fiscalía imputara el delito de financiación de campaña electoral por fuentes prohibidas al excandidato presidencial, Rodolfo Hernández y su gerente de campaña y esposa, Socorro Oliveros; los investigados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.
A pesar de ello, la jueza ocho Penal de Control de Garantías de Bucaramanga declaró efectuada la imputación.
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“Declara efectuada la imputación a los señores Rodolfo Hernández Suárez y Socorro Oliveros de Hernández. Así mismo se les hace saber que a partir de este momento no podrán enajenar bienes sujetos a registro que tengan a su nombre”, dijo la togada.
De ser hallados culpables, según el Artículo 396 del Código Penal, podrían enfrentar una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años; una multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes; e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
