Luego de la polémica declaración de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la que aseguró que Seatech Internacional Inc, productora de la reconocida marca de atún Van Camp’s, ofrecía condiciones precarias a sus empleados en las compañías pesqueras y de flores en las que los empleados y empleadas no contaban con permiso de tan siquiera ir al baño por lo que debían usar pañales.
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Ante estas declaraciones la empresa Seatech Internacional Inc, se pronunció al respecto y rechazo las afirmaciones de la ministra considerándolas como un ataque y estigmatización a la empresa.
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“No se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo”, se leía en el comunicado de la empresa.
Sin embargo, Daniel Polo, abogado del Sindicato Sinaltrainal (Sindicato Nacional del Sistema Agroalimentario), se refirió a este caso en medio de una entrevista con Caracol Radio explicó que el caso comenzó en el mes de marzo cuando una delegada del sindicato denunció las condiciones en las que varias empleadas tenían que laborar.
El jurista expresó que si “bien la empresa Seatech Internacional Inc no ha dado la orden directa de ponerse pañal, sí ha creado las condiciones para que eso ocurra, como han dicho las trabajadoras, descontándoles un descuento a su salario por cada vez que van al baño”.
Las trabajadoras tienen que escoger entre si ir al baño y someterse al descuento en sus quincenas o acudir a pañales desechables, manifestó el abogado. Además, afirmó que la situación se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo luego de varias visitas que la cartera misma hizo a las instalaciones de la compañía, en la cuales se evidenciarían las malas condiciones de trabajo de las empleadas.
Adicionalmente, el jurista declaró que estas denuncias son apenas “la punta del iceberg, en cuanto a las condiciones laborales que ofrece esta compañía a sus empleados” y que por ende el MinTrabajo ha sancionado en varias ocasiones a la empresa.
Entre las cifras que compartió el abogado, el representante aseguró que de los 1800 empleados solo el 1% está contratado directamente con la empresa y que el resto estaría bajo un sistema de “tercerización laboral” que incluso es ilegal en Colombia.