La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, el principal sindicato del país, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de los trabajadores del sector público, se movilizarán este miércoles en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado la pasada semana por el presidente de Argentina, Javier Milei, por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.
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El sindicato de los trabajadores públicos confirmó este martes que se uniría a la movilización convocada desde el pasado viernes por la CGT. La confirmación llegó ayer, una vez que se publicó en el Boletín Oficial que el Gobierno va a despedir a 7 mil trabajadores de la administración pública.
Este ha sido el detonante para que hicieran un llamamiento a “una nueva jornada nacional de lucha” en defensa de los trabajadores públicos y frente al ataque “de tal magnitud” a los derechos laborales.
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“Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del Gobierno”, ha defendido el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado en sus redes sociales.
MOVILIZACIÓN EN BUENOS AIRES
La principal movilización estaba prevista en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 11:00 horas locales, frene al Palacio de Justicia, al mismo tiempo que se darán paros y manifestaciones en el resto de provincias de Argentina.
Para la ATE, estos 7 mil empleados públicos, independientemente de cuál sea la modalidad de su vínculo contractual, desempeñan tareas que son indispensables, y su despido se traducirá en “una pérdida de derechos” para todo el pueblo.
Mientras, para el secretario general del sindicato, Héctor Daer, no hay “necesidad ni urgencia” en todo lo que interpreta el decreto aprobado la pasada semana, que pasa por encima de la Constitución de Argentina y de los valores institucionales del país.
Por este motivo, lo han visto como ilegítimo e inconstitucional, y se movilizarán este miércoles con el fin de obtener una sentencia del Poder Judicial que avale esta postura.