En las últimas horas fue capturado el senador Ciro Ramírez, perteneciente al Centro Democrático, por disposición de la Corte Suprema de Justicia. El político enfrentará cargos relacionados con concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la firma de contratos.
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Según información preliminar, el congresista deberá estar en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Es clave mencionar que hace aproximadamente un mes, la Procuraduría inició una investigación preliminar contra Ciro debido a su presunta implicación en una red de corrupción que abarca más de 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, comprendidos entre noviembre de 2020 y finales de 2022. Esta investigación se suma a la decisión de la Fiscalía de remitir documentos para que la Corte Suprema de Justicia inicie su propia indagación, en respuesta a múltiples denuncias presentadas por una integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo y un contratista.
Los acusados son Katherine Rivera Bohórquez, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ciro Ramírez, y el contratista Anderson González González. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, aproximadamente 15, en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
¿Por qué está Ciro Ramírez en la mira de las autoridades?
En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra el senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés. Este proceso está relacionado con la red de corrupción dirigida por el congresista liberal Mario Alberto Castaño.
La investigación se abrió debido a presuntas irregularidades en la manipulación de más de 10 contratos por parte del senador. El caso implicó a personas como Katherine Rivera, quien trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez en el Congreso. En octubre, tanto Rivera como el contratista Anderson González fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
