Una fuerte polémica suscitó la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar el decreto del Código Nacional de Policía, que anteriormente prohibía la tenencia, posesión, distribución y comercialización de drogas o sustancias ilegales en espacios públicos en el país. Por tal razón, el decreto 1844 de 2018, firmado en el Gobierno de Iván Duque, la Policía Nacional se hizo acreedora de facultades para atacar, desde la perspectiva de la administración de turno, el tráfico de estupefacientes.
Como era de esperarse, el cambio de esta normativa generó un intenso debate sobre las implicaciones que podría traer el asunto en materia de seguridad y lucha contra el tráfico de drogas en Colombia.
Desde sectores conservadores aseguraron que la decisión del mandatario podría abrirle la puerta al microtráfico, por lo que argumentan que la seguridad ciudadana podría entrar en un periodo de crisis. Incluso, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno.
El defensor Carlos Camargo consideró que la decisión pone por encima de los derechos de los niños y jóvenes para dar más vías al libre desarrollo de la personalidad.
“Es importante recordarle al presidente que el decreto, recientemente derogado por el Gobierno, no solo se sustenta en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que en concreto el Consejo de Estado revisó su legalidad y constitucionalidad y negó la solicitud de nulidad en sentencia del 30 de abril del 2020, considerando que ese decreto, el 1844 del 2018, se ajustaba a la ley” aseguró Camargo.
Sin embargo, desde otros sectores consideran que la medida podría traer resultados positivos en el actual sistema judicial, que se encuentra colapsado por el método y los elevados índices de criminalidad. Por tal razón, algunos señalan que derogar el decreto podría incluso ser la puerta para implementar políticas centradas en la rehabilitación y el consumo responsable.
¿Qué pretende el Gobierno con la derogación del decreto 1844 de 2018?
En el decreto firmado se manifiesta que prestarán especial atención a factores como el papel de la Corte Constitucional, la cantidad de estupefacientes para uso personal y la protección del derecho a la salud, que establece el artículo 49 de la Constitución Política.
Sin embargo, lo que más se destaca es la intención de la actual administración por evitar la criminalización de los consumidores de drogas. Plantean hacerlo, pero mediante medidas correctivas. Por tal razón, esta decisión de derogar insta a hacer esfuerzos institucionales para que la lucha contra las sustancias psicoactivas sea contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Finalmente, según se indica, la derogación tiene como objetivo conciliar las obligaciones del Estado en el cumplimiento de lo dicho en convenciones internacionales sobre drogas y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Por ello, plantean con este tipo de medidas implementar un nuevo enfoque para abordar el microtráfico y narcotráfico como fenómenos transnacionales, tal como lo mencionó en su discurso de las Naciones Unidas, el presidente Petro, quien manifestó que la lucha contra las drogas estaba “perdida”, por lo que sugirió redirigir los esfuerzos institucionales hacia la desarticulación de las grandes estructuras del crimen.
Ante el panorama, Publimetro Colombia consultó un experto que analizó este tema para despejar las dudas frente a la tormenta de comentarios que nublan el panorama. Se trata de Francisco Bernate Ochoa, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en derecho penal, en derecho penal económico y en cumplimiento normativo. Magíster en derecho penal y doctor en derecho.
Publimetro Colombia: ¿Cómo interpreta la decisión de derogar el decreto 1844 de 2018 de la administración de Iván Duque?
“Es una decisión sensata porque se deroga un decreto que llevaba la posibilidad de multar a aquellas personas que portaran lo que se conoce como dosis personal en algunos espacios públicos. Entonces, en la medida en que es lícito el hecho de consumir, pues con mayor razón es lícito el hecho de portar. En este sentido es una buena medida. Por tal razón, el Gobierno Nacional y la Policía podrán encaminarse de una manera más efectiva en perseguir, no al consumidor que el eslabón más débil de la cadena, sino aquellos que producen la droga”, Francisco Bernate, abogado penalista de la Universidad del Rosario.
Publimetro Colombia: Los sectores conservadores dijeron que esta decisión le abría las puertas a la criminalidad y que los menores quedarían desprotegidos en espacios públicos, ¿es cierto eso?
“Es falso. Esto tampoco significa que gracias a la derogación se pueda consumir drogas en los espacios públicos, puesto que en el Código Nacional de convivencia o Código de Policía se establece una prohibición. Además, se establece una multa para quienes consuman en lugares como centros educativos, culturales, plazas, parques. Entonces aquí no cambia absolutamente nada. No se habilita el microtráfico ni el narcotráfico”.
Publimetro Colombia: ¿En qué beneficia esto a los colombianos y cuál sería el parte de tranquilidad desde su posición de experto en asuntos legales?
“Hay que recordar que la venta de estupefacientes y la distribución es un delito en Colombia, un delito que se sanciona con penas en prisión, por lo que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tienen todas las herramientas para perseguir de una forma efectiva al delincuente que trafica. Lo único que se está permitiendo acá es la posibilidad de que un consumidor de estupefacientes pueda llevar consigo su dosis personal sin ser perseguido, tal cual como lo hace un consumidor de cigarrillos o alguien que compra una cerveza. Eso es lo único que cambia con esta disposición”, concluye.