La Corte Constitucional ha lanzado una fuerte advertencia al Gobierno nacional debido al aumento de los crímenes contra líderes sociales en el país. En una declaración emitida este lunes 11 de diciembre, el alto tribunal ha proclamado el estado de cosas inconstitucionales, indicando que hay una violación constante de los derechos fundamentales de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, evidenciada por el incremento de las amenazas en su contra.
“La población líder y defensora de derechos humanos tiene un lugar principalísimo en el marco de la Constitución de 1991, pues su función permite identificar y denunciar violaciones de derechos humanos, prevenir a las autoridades sobre las consecuencias y el impacto de sus acciones y omisiones, y contribuir en la elaboración de las políticas públicas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del Estado y la efectividad de los derechos”, señaló el tribunal.
Además, la Corte Constitucional ha destacado la insuficiencia de las medidas de seguridad, la falta de un enfoque de género y la persistente estigmatización. Como resultado, el tribunal ha ordenado la evaluación del riesgo de 20 personas que desempeñan roles de liderazgo en el país.
En total, se han emitido 33 órdenes que el Gobierno nacional, junto con cuatro ministerios, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y otras entidades, deben cumplir para revertir la situación dramática que enfrentan los líderes en Colombia.
“la persecución y el asesinato de líderes y lideresas sociales no solo implica la violación de sus derechos fundamentales como individuos, sino que además representa la afectación de las colectividades que lideran y de sus familias”, agrega la Corte.
Entre las órdenes, destaca la necesidad de asignar recursos del presupuesto nacional para implementar estrategias efectivas que protejan la vida de los líderes sociales. Cabe mencionar que en lo que va del 2023, según informes de Indepaz, 176 líderes han perdido la vida en el país debido a la violencia.
El objetivo principal es asegurar que las investigaciones relacionadas con denuncias que pongan en peligro la vida de los líderes se lleven a cabo adecuadamente y que los recursos económicos sean suficientes para garantizar su protección. Se espera que en las próximas horas, la Corte Constitucional notifique al Gobierno de Gustavo Petro sobre estas medidas.