A tres días de conocerse los graves hechos por parte de la fuerza pública -confirmado por el mismo Ejército Nacional- en el caserío El Manso, Tierralta, Córdoba, este jueves se conoció que diez uniformados fueron apartados de su cargo y retirados de la Institución.
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Los militares, adscritos al Batallón de Infantería n.° 33 Batalla de Junín de la Décima Primera Brigada, protagonizaron amenazas e intimidaciones contra mujeres, niños y hombres de esa población que según testimonio de los pobladores, fueron uno a uno sacados de sus casas por los militares y llevados hasta una casa donde con armas de largo alcance y apuntándoles, los uniformados vulneraron sus derechos identificándose, por si fuera poco, como disidentes de las Farc.
Desde la ONU, condenaron las “presuntas violaciones de #DDHH de integrantes del Ejército en contra de población de Tierra Alta #Cordoba. Tomamos nota del comunicado del ejército y acciones de instituciones del Estado para investigar lo ocurrido. Urgimos por protección y respeto a la población”.
Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa indicó que más de 30 soldados de la Décima Primera Brigada fueron llamados a interrogatorio. Dentro de ellos está dos suboficiales y un oficial de la Décima Primera Brigada. “Es importante que la Policía y la fuerza pública estén al frente de esas capturas en zona rural para sacar a los criminales y no para atemorizar a la ciudadanía. No podemos volver a las épocas del paramilitarismo, como el mismo presidente de la República lo señaló el día de hoy”, indicó.
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación asumirá el poder “preferente” de la investigación disciplinaria del caso. Por tal razón, la procuradora general, Margarita Cabello, trasladó al territorio un grupo interdisciplinario liderado por un procurador delegado para los derechos humanos.
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“La Defensoría del Pueblo y Personería Municipal junto con la Alcaldía de Tierralta recepcionaron las denuncias por la violación a los derechos humanos. Al tiempo, se estableció la llegada inmediata al territorio por parte de las instituciones, fuerza pública y asistencia humanitaria”, indicó el Ministerio Público.
