Aunque el Aguardiente Amarillo de Manzanares se ha vendido por años en el centro del país, específicamente en el departamento de Cundimarca, parece ser que por una decisión arbitraria denunciada ya no podrá circular más según denuncia la Industria Licorera de Caldas (ILC). Le contamos los detalles de esta denuncia.
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En primero lugar, es necesario mencionar que para la distribución de licores en diferentes territorios del país las empresas licoreras deben contar con un permiso de la Gobernación de cada departamento para la distribución. Y a pesar de que el Aguardiente Amarillo de Manzanares contaba con el permiso desde el año 2019 por un periodo de 10 años consecutivos, el pasado mes de junio de este año 2023, la Gobernación habría decidido revocar el permiso.
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La Industria Licorera de Caldas denuncia que esto sería una “decisión arbitraria” por parte de la administración y que el impedimento para la circulación deja en veremos la entrada de 71.885′000.000 millones de pesos por impuesto al consumo, más $1.100.000.000 por derechos de explotación, para un total de $72.985.000.000, de acuerdo con un estimado de ventas de 5 millones de unidades del licor reducidas a 750 ml.
La compañía explica que la cancelación de este permiso “afectó el derecho al debido proceso de la ILC, pues no se siguió el procedimiento de ley para tal fin, al no haber solicitado el permiso escrito y expreso de la ILC para dicha cancelación”.
Adicionalmente, la empresa también señala que “tampoco se otorgaron los recursos de reposición y de apelación, para poder controvertir la decisión, quedando en firme la decisión de revocatoria del permiso”, por lo que la decisión por ahora está en firme.
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Para la ILC esta determinación afecta el principio de libre competencia y además podría incidir en la problemática de la adulteración y contrabando de licor, puesto que la entrada ilegal de licor podría aumentar y afectar a la población.
Por último, la industria plantea que está adelantando una demanda formal por la decisión que ya genera desabastecimiento en el departamento de este licor, pues se estaría violando el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia que establece la libre competencia y libertad económica. “No se concibe que en pleno siglo XXI, donde priman la libre competencia y la ausencia de discriminación y restricción en el mercado, se tomen este tipo de medidas sin priorizar el beneficio para el desarrollo del territorio y de las comunidades, sino los intereses individuales y selectivos”, argumentó esta compañía.
La Gobernación de Cundinamarca aún no ha hecho pronunciamientos públicos oficiales sobre la denuncia de la ILC, por lo que se espera que en los próximos días u horas, emita una declaración al respecto.
