(*Esta investigación forma parte del Proyecto Rafael, una iniciativa colaborativa e internacional coordinada por Forbidden Stories y en la que participaron una treintena de periodistas de CLIP, Cuestión Pública, El Espectador, France 24, RFI y otros medios. La iniciativa busca continuar con el trabajo que quisieron silenciar quienes asesinaron a Rafael Moreno y probar que “matar al mensajero no matará el mensaje”, como dice el lema de Forbidden Stories)
PUBLICIDAD
El día que lo asesinaron en Montelíbano, Córdoba, Rafael Moreno Garavito posteó en Facebook que no silenciarían su voz. Eran las 10 de la mañana del 16 de octubre de 2022 y en 10 días cumpliría 38 años. Su situación de seguridad era crítica. Por eso fue invitado a unirse a la Safebox Network de Forbidden Stories, una ONG internacional que ofrece a periodistas amenazados la posibilidad de proteger sus investigaciones si algo les llega a ocurrir.
Durante los últimos cinco años, el periodista y abogado había investigado casos de corrupción vinculados a varios políticos del sur del departamento. Uno de ellos era Espedito Duque Cuadrado, exalcalde de Puerto Libertador, a quien había denunciado por contratación irregular durante su mandato y el de su sucesor, el actual alcalde Eder Soto Cuadrado.
Cuestión Pública y CLIP, con apoyo de La Liga Contra el Silencio, encontraron que entre 2016 y 2022, durante ambas administraciones, 13 contratistas vinculados al clan Duque recibieron 99 contratos que suman $14.411 millones. Sólo cinco empresas, algunas sin experiencia en contratación pública, se llevaron el 96% del monto total de procesos. La mayoría pertenecían a un aliado de la familia Duque.
La base de esta investigación proviene de las pesquisas que había iniciado Rafael desde hacía seis años y que fueron violentamente interrumpidas tras su asesinato a manos de un sicario en su local de comida rápida. Se trató del séptimo periodista asesinado en Córdoba desde 1988, como registró La Liga.
Tras el botín
Espedito Duque Cuadrado, alcalde de Puerto Libertador de 2016 a 2019, es una figura carismática que ha dominado la política en el municipio desde hace ocho años. Los últimos tres lo ha hecho en cuerpo ajeno, a través del actual alcalde, Eder Soto, según encontró esta investigación. En un principio, se presentó como un renovador sin relación con la política tradicional. Aun así, aterrizó en 2016 en la alcaldía con el aval de Cambio Radical, tras su tercer intento.
Desde entonces, Duque ha construido un patrimonio político a su alrededor y con toda su familia. Ahora aspira de nuevo al cargo en las próximas elecciones de octubre.
PUBLICIDAD
Rafael Moreno lo apoyó de cerca durante su campaña en 2015. Cuando Duque llevaba un año como alcalde, incluso lo felicitó por su cumpleaños y lo calificó de amigo. Sin embargo, poco después la relación se rompió al ver que Duque nombraba a funcionarios de administraciones pasadas en puestos claves, como dejó ver el periodista en Facebook. Las promesas de cambio pronto se diluyeron y Moreno fundó el medio Voces de Córdoba, desde donde se dedicó a investigar la gestión del patriarca.
“Conocí desde muy pequeño (a Rafael), ya que creció prácticamente en el mismo barrio. Su familia fue siempre muy allegada a la mía”, respondió Duque a esta alianza. El exalcalde confirmó que Rafael lo acompañó en su aspiración a la alcaldía, “pero se resintió y se sintió decepcionado cuando las cosas, según él, no le salieron como quería. No llené sus expectativas”.
Una vez en el poder, Duque se puso manos a la obra. Desde 2016 y hasta 2022, ya con Soto en la Alcaldía de Puerto Libertador, el municipio adjudicó 56 contratos —más de la mitad por contratación directa— a tres sociedades de Martín Montiel Mendoza. Este último ha sido cercano a la familia de Espedito Duque desde hace al menos ocho años. En 2019 apoyó públicamente la candidatura de Soto, agradeciendo especialmente a Duque, a su esposa Julieth Arroyo y a su hijo Juan David, con quien ha sido fotografiado en reuniones este 2023.
Las sociedades vinculadas a Montiel son: Corporación Visión Juvenil, Innova Construcciones e Inmobiliaria S.A.S. y Serviexpress Colombia, fundadas poco antes de volverse contratistas. Juntas recibieron en total $4.519 millones.
La primera fue constituida junto a su esposa Yenis Herrera en 2014, como una entidad sin ánimo de lucro. Durante este tiempo prestó servicios de logística en eventos culturales y deportivos y fue la que más contratos firmó (36). Por estos recibió $3.430 millones.
La segunda fue fundada en 2017. Sólo diez meses después de haber sido registrada en la Cámara de Comercio de Montería, celebró el primero de cuatro contratos para adecuar parques, bibliotecas y sedes del palacio municipal.
La tercera ha sido la más versátil y se registró ese mismo año como una empresa dedicada al transporte, la publicidad, el talento humano y la asistencia a personas mayores o con discapacidad. Entre 2019 y 2022, celebró 16 contratos por un total de $1.009 millones. En su mayoría, para suministrar comida y elementos de aseo a la administración de Soto.
Espedito Duque no negó su vínculo con Martín Montiel. “En el municipio de Puerto Libertador yo soy amigo de todos y de Montiel. Como mucha gente que conozco los considero amigos porque yo soy así”. Montiel, sin embargo, no respondió nuestras preguntas pese a las insistencias de esta alianza.
Entre los contratistas novatos de la alcaldía de Duque también estuvo el centro de rehabilitación Renaser S.A.S. En 2017 recibió un contrato directo por $168 millones para apoyar a la Secretaría de Salud en el registro de la población con discapacidad durante tres meses. La empresa fue fundada sólo un año antes por un amigo de su hijo Juan David: el ingeniero de sistemas Neilor Díaz López.
Otras siete personas vinculadas a este clan celebraron 27 contratos más por $510 millones entre 2016 y 2022, uno de ellos para renovar el mobiliario de la Alcaldía de Puerto Libertador en plena pandemia durante la administración de Eder Soto. En vísperas de esa navidad, mientras el país se encontraba en confinamiento, Óscar Herrera, cuñado de Martín Montiel, recibió un contrato por $17.622.000 para comprar un “cuadro típico tallado”, una mesa de juntas y dos escritorios, uno de ellos “elaborado en madera de roble”.
Las redes de contratación no cobijaron solo a los privados del círculo de Duque. Durante su administración y la de su sucesor, tres de sus seguidores dirigieron la empresa de servicios públicos de Puerto Libertador: Agualcas, una entidad mixta creada en 2009 que presta servicios de acueducto y alcantarillado al municipio.
Entre 2016 y 2022, Agualcas recibió 13 contratos que sumaron $9.129 millones para construir el alcantarillado del municipio y limpiar la planta de aguas residuales. Por su parte, la Alcaldía no solo le adjudica esos procesos, también incide en la gerencia de la entidad al ser miembro principal del Consejo de Administración que nombra el cargo.
Las hermanas Kateli y Lerci Valderrama Rivas fueron nombradas como representantes durante los dos primeros años de la administración de Duque. Esta última fue concejala liberal entre 2011 y 2015. Había sido la tercera más votada del partido por encima de Janit Enrique Benítez, quien el siguiente periodo llegó al concejo con el apoyo de Duque y en 2020 la sucedió en el cargo de gerente de Agualcas.
Con el nombramiento en la gerencia de liberales que han sido seguidores de Espedito Duque, Agualcas se ha convertido en un fortín del Partido Liberal. Su primera gerente fue Diana Rubio Lobo, seguidora del congresista de ese partido Andrés Calle y sobrina del exalcalde Ramón Rubio Durango. En 2017, el actual gerente, Enrique Benítez, fue tesorero y uno de los directivos de la colectividad, con el que obtuvo su curul en el Concejo, al igual que Lerci Valderrama.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, le explicó a esta alianza qué implicaciones tiene que el manejo de este tipo de entidades mixtas estén cada vez más politizadas. “No es ilegal, pero a uso de las ventajas que tienen estas empresas, sí se puede convertir en un alto riesgo de corrupción (…) La gran alerta a la ciudadanía es la mezcla de altos niveles de discrecionalidad, una baja rendición de cuentas de control y una baja visibilidad de su contratación, elementos que pueden hacer viables las irregularidades”, dijo.
La corte de los Duques
Dentro del mar de contratos irregulares que Rafael escrutaba, en los días previos a su muerte se enfocó en dos: el 004-2016 y el 002-2017. Ambos fueron adjudicados a la arquitecta María Auxiliadora Campo por un total de $83 millones, para arrendarle una vivienda a la Alcaldía de Espedito Duque en Puerto Libertador. La entidad ocupó el inmueble como Comisaría de Familia, sede de la Secretaría de Salud y de la Unidad de Víctimas.El contrato de arrendamiento se inició el 23 de septiembre de 2016 y se renovó el 28 de febrero de 2017. Cuatro meses después, al revisar el Certificado de Tradición y Libertad de la vivienda en una auditoría, la Contraloría Regional de Córdoba comprobó que la casa en realidad no pertenecía a Campo, si no a Carlos Andrés Escobar Zapa, quien había sido su pareja y para entonces se desempeñaba como fiscal 32 seccional del municipio.
El proceso contractual estuvo a cargo de Rafael Martínez Ricardo, amigo del clan y secretario de Desarrollo de la Alcaldía desde 2016. En los estudios previos estaba previsto que el contrato durara sólo cuatro meses y costara $28.500.000. Aun así, la entidad terminó extendiéndolo otros nueve meses, y pagó un excedente de $55.200.000 respecto a lo proyectado en la propuesta inicial.
Para 2013, Escobar Zapa fue uno de los fiscales que llevó el proceso de “acceso carnal abusivo con menor de 14 años” contra Cristian Duque Arroyo, uno de los hijos de Espedito Duque. El caso fue desestimado en abril de 2017, sólo dos meses después del segundo contrato de María Auxiliadora Campo. Aunque la familia de la menor aseguró haber sido intimidada por el clan Duque para retirar la denuncia, el fiscal Farith Fernández solicitó precluir el caso alegando que no contaba con el “suficiente material probatorio”.
Duban Hernández fue el abogado defensor de Cristian Duque en el proceso penal. En 2016, ya con Espedito Duque como alcalde de Puerto Libertador, se desempeñó como contratista de la entidad, en la que actualmente continúa como abogado de la Secretaría General, según datos del Sistema de Función Pública.
Escobar Zapa enfrenta un proceso penal que continúa en etapa de juicio por presuntamente violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, según le confirmó el propio fiscal a esta alianza. Esto debido a que los servidores públicos no pueden celebrar contratos a nombre propio o a través de otra persona. También “me abrieron una investigación disciplinaria, salí limpio”, contestó.
Rafael Moreno investigaba si los dos contratos otorgados a Campo habrían sido parte de un acuerdo entre el fiscal y Duque para sepultar el caso contra su hijo. El 16 de octubre de 2022, tres días antes de su muerte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador había admitido una tutela interpuesta por el periodista contra la Alcaldía de Eder Soto para acceder a los documentos de ambos procesos.
Escobar aseguró que sostuvo una unión marital con Campo en 2013, pero que para 2015, un año antes de la firma del primer contrato, la relación acabó. “Me enteré entonces que había hecho un contrato con la alcaldía para que funcionaran unas dependencias. Nunca tuve conocimiento, yo ya había firmado un poder para que vendiera la casa. Ella arrendó sin yo saber”. Sin embargo, no allegó ninguna prueba que corroborara esta versión.
Por su parte, el exalcalde Espedito Duque señaló que “los hechos denunciados por Rafael Moreno obedecieron a un resentimiento, pero todos mis actos fueron públicos y las respectivas denuncias fueron atendidas por los órganos de control”.
Los caminos que conducirían al Clan del Golfo
El 31 de octubre de 2019, ya en el ocaso de la administración de Espedito Duque, una noticia se extendió por el pueblo. Julio César Ramos Ruiz, identificado con el alias de “El Médico”, fue capturado por la Fiscalía. El gerente del centro de salud era nada menos que Eder Soto Cuadrado.
Ese día fue imputado por el delito de concierto para delinquir agravado. Ramos presuntamente recibía a los heridos de esta organización criminal para registrarlos con nombres ficticios y así evitar que fueran identificados por las autoridades, según reseñó la prensa, pero no aceptó los cargos.
“Esa es la teoría del caso de la Fiscalía. La teoría de la defensa es que estamos frente a un caso de falso positivo judicial”, le contestó a esta alianza Julio Sánchez, abogado de Ramos, quien fue puesto en libertad provisional por vencimiento de términos en una audiencia virtual el 15 de septiembre de 2020. Así lo decidió el juez Jaime Lindo Espitia pese a las discrepancias del Ministerio Público, que consideró que “algunos términos no cuentan a favor del procesado”. Sin embargo, el proceso continúa y la audiencia de juicio oral quedó programada para el 27 de abril de 2023.
Sánchez aseguró que su defendido, hoy señalado de ser cómplice del Clan del Golfo, es amigo del alcalde Soto y de Espedito Duque. En redes hay fotos de Ramos y Soto departiendo entre 2016 y 2018 en el Hospital Local de Puerto Libertador. Incluso, desde la cuenta del enfermero hay interacciones con Juan David Duque, hijo de Duque. En varias imágenes en las que aparece este con sus familiares, Ramos lo felicita y lo bendice.
Una de las formas como se han documentado las alianzas entre paramilitares y políticos en el país ha sido a través de la entrega de cargos públicos a fichas de estas estructuras criminales. Aunque un juez no ha comprobado si Ramos es culpable de ser cómplice del Clan del Golfo, tres fuentes consultadas por esta alianza en terreno, que pidieron reserva por razones de seguridad, aseguraron que gran parte de la contratación pública en el sur de Córdoba es controlada mediante la extorsión por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), o Clan del Golfo. Sin embargo, Espedito Duque negó tener conocimiento de esto y Eder Soto no contestó el cuestionario enviado por esta alianza.
Puerto Libertador es un tesoro en disputa en el sur de Córdoba. Está levantado sobre un gran yacimiento de níquel, oro y plata, que le deja al municipio hasta $1.500 millones anuales en regalías. No obstante, a la gente le llega poca de esa riqueza y casi la mitad de las viviendas —de una población de alrededor de 55.000 personas en 2020— no tenía agua potable en sus casas antes de la pandemia. Este contraste también revela la calidad de gobiernos que ha tenido el municipio.
Los Duques se unen a los reyes para mantener el poder
En 2020 a Duque lo sucedió en la Alcaldía de Puerto Libertador su ahijado político Eder John Soto Cuadrado, también con el aval de Cambio Radical. Graduado de la Universidad de Córdoba en Administración en Salud, Soto ganó las elecciones con un fuerte apoyo de la organización política de Duque. Incluso, Jojanis Ibáñez Arroyo, cuñada de Duque, le aportó $20 millones a su campaña, según Cuentas Claras.
Fuera de los papeles, “Duque es quien decide todo lo importante en el municipio. Él atiende en su casa desde las 11 o medianoche, hasta las 3 am. Allá todos van a pedirle favores, contratos, nombramientos, recomendaciones”, le dijo a esta alianza un funcionario público de la región, que reserva su identidad por razones de seguridad.
En el sur de Córdoba, clanes políticos como el de Duque suelen conservar el control después de dejar sus cargos públicos, poniendo aliados leales en el siguiente gobierno local. Así lo registró Cuestión Pública en las elecciones regionales de 2021, con su especial Juego de Votos, en el cual, entre otros clanes políticos del país, se puede consultar también información sobre las redes políticas de Córdoba.
Cuando Duque salió del poder, al menos tres fichas de su administración continuaron en los mismos cargos en la alcaldía de Soto: Saydis Galván —amiga de su esposa—, como secretaria administrativa; Kelly Vergara Ensuncho, como secretaria general; y Rafael Martínez Ricardo, quien fue su mano derecha, continúa como secretario de Gobierno de Puerto Libertador.
Dentro de los seis clanes políticos que se han podido documentar operando en Córdoba, el de los Duque no es el más grande ni el que más poder o contratación pública concentra. Sin embargo, desde que llegó a la Alcaldía en 2016, Espedito Duque fue respaldado por grandes barones políticos de esta región, casi todos relacionados con la parapolítica. Así se conoce a la alianza entre el paramilitarismo que asoló el país, y especialmente esta región, entre fines de los años noventa y principios del nuevo siglo, y los políticos que usaron su violencia para intimidar, ganar elecciones y acumular poder.
En 2015, la candidatura de Duque recibió el respaldo de Edwin Besaile, el destituido exgobernador de Córdoba e imputado por el Cartel de la Hemofilia. Seis años después, Duque apoyó la campaña de Johnny Besaile, su hermano, al Senado.
A estas redes de poder se enfrentó Rafael Moreno los últimos años de su vida como periodista. En 2021 intentó llegar al Congreso a través de la circunscripción de víctimas del conflicto armado, pero no obtuvo la curul.
El 16 de junio de ese año, Organis Cuadrado, amigo del periodista, denunció a Juan David Duque, hijo del exalcalde, por amenaza de muerte y hostigamiento. Aseguró que este le dijo que si seguían sacando noticias de su papá o del alcalde Soto le “podría pasar algo” a él y a Rafael Moreno. También señaló en “repetidas ocasiones que él había hecho que le quitaran el esquema de protección a Moreno” y que iba a hacer lo mismo con él, según reposa en el documento dirigido a la Fiscalía Seccional de Córdoba.
Espedito Duque respondió a esta alianza que “todo lo dicho por el señor Organis es totalmente falso (…) toda la vida contratado para dañar mi imagen y la de mis hijos”.
“En Colombia, tienen la mala costumbre de acabar con nosotros por intereses políticos. Aunque tengas necesidad de ser protegido por el Estado, si estás criticando o denunciando al mismo Estado, pues el Estado simplemente te deja solo”. Estas fueron las palabras del periodista a Forbidden Stories, semanas antes de ser asesinado el 16 de octubre de 2022 a manos de un sicario en Montelíbano, Córdoba. Su caso continúa en la impunidad.
