La situación de inseguridad y violencia que se vive en la selva del Darién se ha hecho más evidente en los últimos años por cuenta del aumento del flujo migratorio en esa zona, donde miles de personas de diferentes nacionalidades arriesgan a diario su vida para cruzar ese espeso bosque que une a Sur América con el norte del continente, y que antes era impenetrable.
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Pero con el tiempo se han abierto trochas al paso de cada migrante y con esto se han incrementado los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos que todos enfrentan al querer atravesar la frontera entre Colombia y Panamá.
Esto hizo que, por primera vez, las Defensorías del Pueblo de los dos países se unieran y emitieran una Alerta Temprana Binacional para que los gobiernos de las dos naciones tomen acciones que garanticen los derechos de las personas que cruzan esa frontera y de los pobladores que habitan los cascos urbanos cercanos al Darién.
Esta alerta se emitió para Necoclí y Turbo, en Antioquia, y Unguía, Acandí y Juradó en Chocó, del lado colombiano; y para los distritos de Pinogana y Chepigana y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala en la provincia del Darién por el lado panameño.
En el documento detallado de las Defensorías se deja en evidencia el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales y organizaciones del crimen organizado en Colombia y grupos de delincuencia local en proceso de organización en Panamá.
“Los equipos de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá encontraron a lo largo de los últimos 8 meses de trabajo, en primer lugar, una alta situación de vulnerabilidad que afrontan los migrantes y la población que vive en estas zonas. En segundo lugar, identificaron que las organizaciones ilegales que operan en estas zonas perciben ingresos por sus actividades ilícitas. Adicionalmente, hay una desprotección social que afecta a las comunidades que habitan en los dos lados de la frontera”, señaló el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis.
Son múltiples los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que deben enfrentar, tanto los migrantes, como las poblaciones que viven en la región alertada, entre ellos: violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, extorsiones para permitir el tránsito de migrantes, robo de pertenencias y dinero, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tráfico de migrantes y posible trata de personas.
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Vale advertir que en especial situación de vulnerabilidad se encuentran mujeres, madres lactantes, y niños y niñas que viajan solos o cuyos núcleos familiares han resultado divididos por cuenta de las dificultades de la travesía.
“Durante los ocho meses, los equipos técnicos de las Defensorías del Pueblo de los dos países evidenciaron una capacidad limitada de respuesta en prevención y protección de derechos de los gobiernos territoriales y nacionales”, destacó el defensor del Pueblo colombiano.
Por su parte, Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo de Panamá indicó que “debemos prestar especial interés en los lugareños quienes han abandonado actividades agrícolas y comerciales para dedicarse a los flujos migratorios. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes hemos venido advirtiendo en conjunto con Unicef los graves problemas de abandono escolar por tareas relacionadas al flujo migratorio, el trabajo infantil y demás actividades que no corresponde al desarrollo de niños y adolescentes”.
De la misma forma, el panameño destacó que “el Darién campesino ha sido olvidado por los gobiernos y sus necesidades de atención salud y educación son imperiosas, el flujo ha generado qué recursos destinados a la población sean invertidos en el creciente número de personas que recibimos del paso por la selva”.
Recomendaciones
Las dos Defensorías hicieron seis recomendaciones de alcance binacional para que se les garanticen los derechos a estas poblaciones, entre ellas, a Migración Colombia y a Migración Panamá, y con el apoyo y la facilitación de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, para que establezca una Mesa Permanente de atención a la población migrante y de esta manera se puedan revisar los flujos migratorios irregulares, las violaciones a los derechos humanos, revisar rutas, victimizaciones, además que se puedan compartir datos estadísticos.
También se solicita en el documento que, en articulación con entidades estatales, el Ministerio de Defensa de Colombia y el Ministerio de Seguridad de Panamá fortalezcan los canales de diálogo y comunicación para que se evalúen mecanismos de disuasión de las amenazas a los derechos humanos en la zona de frontera. Allí resulta fundamental que toda intervención y atención en favor de estas poblaciones se haga bajo criterios de humanidad y dignidad, con un enfoque diferencial.
