El más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, titulado “Retos Humanitarios 2023 Colombia” reportó en 2022, 400 presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), de las cuales más de la mitad correspondieron a homicidios, amenazas, violencia sexual, empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades, privaciones arbitrarias de libertad, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras conductas graves.
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Este documento informó también sobre incumplimientos de las partes del conflicto respecto de la obligación de tomar precauciones para proteger a la población y los bienes civiles de los efectos de estas hostilidades. “La presencia de actores armados cerca de centros poblados y el uso de bienes civiles con fines militares aumentó la presión sobre las comunidades y su temor de quedar en medio del fuego cruzado o de que sus espacios comunales se convirtieran en objetivos militares”, señala.
Los datos de las violaciones al DIH
Durante 2022, la CICR registró 515 víctimas de artefactos explosivos. Un dato preocupante, pues es el más alto en los últimos seis años. Asimismo, 348 casos de desaparición forzada, ocurridos desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 (209 sucedieron el año pasado). “Estos datos no dan cuenta del número total de hechos que pudieron registrarse en el contexto nacional, pero evidencian de manera contundente que en Colombia este fenómeno no es un hecho del pasado”, informa la entidad.
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Por otro lado, de acuerdo con cifras oficiales, en 2022, el desplazamiento individual afectó a 123.220 personas, siendo los departamentos de Arauca (15,6); Valle del Cauca (14,6); y Nariño (10,2), los más afectados. Mientras que el desplazamiento masivo, de 10 o más familias, se registró en al menos 58 mil afectados, principalmente en Nariño (46,4); Chocó (16,8); y Valle del Cauca (12).
De igual manera, 39.404 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. El 64 % de la población confinada se identificó como indígena y el 27 % como afrodescendiente. “Nariño y Chocó han ocupado, en los últimos cuatro años, el primer lugar de mayor afectación por desplazamientos masivos y confinamientos, respectivamente”.
Por su parte, en Arauca, el confinamiento aumentó 10 veces respecto de 2021 y el desplazamiento individual pasó de 763 personas reportadas ese mismo año a más de 19 mil desplazadas en 2022.
Reclutamiento de menores y violencia sexual
El fenómeno del reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades, sigue siendo un panorama inquietante para las comunidades víctimas del conflicto.
Y es que la ausencia de entornos seguros, de oportunidades de vida, de acceso a educación, así como el incremento del control social y de la presencia de actores armados, son factores que aumentan la vulnerabilidad de los menores de edad frente a esta problemática.
“Nos preocupa que los actores armados estatales y no estatales continúan involucrando a los menores de edad en los conflictos armados. Esto genera profundas consecuencias para ellos, como la separación de sus familias, la pérdida de sus proyectos de vida, afectaciones psicológicas, ser víctimas de violencia sexual, heridas, mutilaciones y muertes”, sentencia la entidad.
De igual manera está la violencia sexual (acoso o desnudez forzada), que se perpetúa con los años, vulnerando el cuerpo de niñas, adolescentes y adultas como botín de guerra, enviando un mensaje de represalia para generar miedo o para exhibir poder y destruir el tejido social de las poblaciones.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no se reporta por temor a la revictimización o por el sentimiento de culpa o vergüenza que pueden experimentar las víctimas.
Además “las barreras para el reporte de los casos de violencia sexual son una limitación para que una víctima acceda a las rutas de atención antes de que trascurran 72 horas de los hechos, aun tratándose de una urgencia médica por estar en riesgo la vida (del o la afectada)”, afirma el informe.
Chapó: En 2022 se intensificó la disputa territorial en varias zonas del país, agudizando el riesgo para la población civil no solo respecto a enfrentamientos, si no actores armados que los acusaron de pertenecer a una parte del conflicto.
Cita destacada: “En diversos territorios del país, la población afronta un sufrimiento indescriptible que se agudiza cuando los actores armados incumplen las normas del derecho internacional humanitario (DIH) y otros principios humanitarios”, indica el informe del CICR.
Dato: Chocó, Nariño y Valle del Cauca, son los tres departamentos más afectados durante el 2022, en materia de desplazamiento masivo y confinamiento.