La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa indicó que abrió una nueva investigación contra de alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En esta oportunidad fue motivada porque habría presentado de manera extemporánea la declaración de renta y los complementarios del año gravable del 2019.
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De acuerdo con el documento de la Procuraduría, que conoció El Colombiano, indica que se abre “investigación disciplinaria contra el siguiente servidor publico, respecto de los hechos jurídicamente relevantes que se determinan a continuación: Daniel Quintero Calle, en calidad de alcalde distrital de Medellín por la publicación extemporánea de la declaración de renta y complementarios para el año gravable 2019, presuntamente desatendiendo los términos establecidos en el articulo 3 de la Ley 2013 de 2019″.
La Procuraduría explica en un artículo que: “Todo cambio que modifique la información contenida en la declaración de bienes y rentas, y en el registro de conflictos de interés, deberá ser comunicado a la respectiva entidad y registrado dentro de los dos meses siguientes al cambio”.
La razón por la que investigan a Daniel Quintero
No haber cumplido con dicho artículo de la Procuraduría, sería la razón por la que habría incumplido Quintero y que corresponde justo al año previo a posesionarse como el alcalde de Medellín.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el mandatario se ve involucrado en una polémica por su declaración de renta y bienes. Justamente, antes de esta, el abogado Abelardo de la Espriella habría denunciado que Quintero no había presentado esta declaración de manera pública a la ciudadanía del periodo 2021, como lo exige la ley.
El mismo medio indicó que en ese momento el abogado dijo que: “ha incumplido de manera tajante y absoluta los principios de transparencia y acceso a la información de los ciudadanos, a pesar de administrar billones de pesos en recursos públicos de la ciudad de Medellín”.
Con esta nueva investigación, ya son tres investigaciones que adelanta la Procuraduría en cuestión de una semana, sumada a las presuntas anomalías en la entrega de los centros del Valle del Software y por los seguros de Hidroituango.