Este lunes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, participó en la Comisión Segunda del Senado, para presentar la hoja de vida de 42 integrantes de la Fuerza Pública, con el objetivo de que se evalúen y posteriormente se ascienda su cargo.
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En la lista se encuentran 31 oficiales de las Fuerzas Militares: 5 aspiran al grado de general o almirante, 4 al grado de mayor general o vicealmirante y 22 al grado de brigadier general o contraalmirante.
Mientras que por parte de la Policía, están 11 perfiles de generales y coroneles, de los cuales, 1 aspira al grado de general, 1 al grado de mayor general y 9 al grado de brigadier general.
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Durante su intervención, el jefe de esa cartera, recalcó que por parte de los 42 oficiales “el Presidente @PetroGustavo y de mi parte, (existe) el absoluto respeto y compromiso que deben mantener con los Derechos Humanos y la garantía de que en toda su actuación se observen los principios de transparencia”.
Sin embargo, según una investigación de Caracol Radio, el perfil de dos coroneles de la policía, irían en contravia con esta premisa del respeto por los Derechos Humanos.
Investigados por abuso de autoridad
Precisamente el medio radial, determinó que José Luis Ramírez Hinestroza, director de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antes ESMAD) y Sandra Patricia Pinzón Camargo, directora de Sanidad de la Policía Nacional, tienen un expediente abierto con fecha de diciembre de 2021, por abuso de autoridad, en la Justicia Penal Militar y Policial.
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Es en esta fecha en que la investigación llegó al despacho de la exjuez Francy Castaño (quien además tiene 16 compulsas de copias en la Fiscalía y la Procuraduría por presunta corrupción), pero un año después, el expediente aún no aparece, estaría perdido o extraviado en la Secretaría del despacho 186.
“El mayor Carlos Andrés Mosquera Palomino había sido designado como juez encargado del despacho 186 cuando Francy Castaño salió a vacaciones en septiembre pasado. Solicitó a la secretaria un reporte de los casos que se estaban manejando, pero se dio cuenta que en la sede oficial de Puente Aranda solo había fotocopias y se desconocía el paradero de los cuadernos originales”, señaló el medio de comunicación.
