En una encrucijada se encuentran los habitantes del municipio de Tabio en el departamento de Cundinamarca con el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) por la construcción de un megaproyecto que ya suma más de ocho años como una pugna sin resolver. Le contamos esta disputa que desde sus dos escenarios, se ha vuelto de vida o muerte.
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Se trata del proyecto UPME 03- 2010 Subestación Chivor II y Norte 230 KV para líneas de alta tensión asociadas, la cual contará con 292 torres de energía eléctrica que estarán ubicadas en los municipios cundinamarqueses de de Chocontá, Cogua, Gachancipá, Machetá, Madrid, Nemocón, Sesquilé, Subachoque, Suesca, Tabio, Tenjo, Tibirita y Zipaquirá; y en los municipios boyacenses de Garagoa, Guateque, Macanal, San Luis de Gaceno, Santa María, Sutatenza y Tenza.
Según el GEB, las torres entrarían en operación en el primer semestre del 2025. Sin embargo, 13 de ellas se han convertido en el centro de la polémica pues según la comunidad del municipio de Tabio, ponen en riesgo la protección ambiental de las zonas en donde se instalarían. Además, los denunciantes señalan que “el proyecto no ha tenido una debida socialización y su construcción podría invadir predios privados en las veredas vecinas a este municipio”.
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Por su parte, la GEB asegura que el proyecto se ha desarrollado conforme a la ley, respetando a la comunidad y al medio ambiente, lo que se suma a su importancia para la estabilidad eléctrica de la región. Además de esto, voceros de la entidad aseguran que la seguridad energética del centro del país depende de este proyecto, ya que en la zona hay redes muy antiguas que comprometen la calidad y estabilidad del servicio en Bogotá y departamentos como Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá. “Si no se realiza se corre un gran riesgo porque no tenemos un plan B. De hecho, si se llega a caer alguna de estas líneas, no tendríamos cómo reemplazarla”, asegura el vocero.
Los reclamos de la comunidad
La respuesta del GEB no convence a Birna Ávila, una líder ambientalista promotora de la campaña en Change.org que ha permitido dar mayor visibilidad a esta denuncia: #SalvemosElPáramoDeTabio. Actualmente su petición ya cuenta con cerca de 80.000 firmas digitales para que se impida que este proyecto avance, pues pone en riesgo el hábitat en la zona y destruiría los frailejones en este ecosistema.
La iniciativa busca igualmente que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncien oficialmente al respecto, pues son estas autoridades quienes tienen la última palabra para frenar el proyecto. Ávila, quien ha hecho seguimiento en detalle al megaproyecto desde el 2020, advierte que una de las torres, puntualmente la número 81, es la que amenaza una zona de páramo. “Se ubicará en los cerros occidentales entre Tabio y Subachoque, justo en la mitad de un páramo lleno de frailejones, donde nacen la quebrada Oya Montosa y otras más que hacen parte de la red hídrica del Río Frío”, denuncia.
La lideresa también explica que la línea de conexión para líneas de alta tensión recibió la ratificación de la ANLA el pasado mes de junio de 2020, pese a que por más de 8 años la comunidad de las zonas vecinas al área de reserva forestal de la cuenca alta del río Bogotá interpuso todas las herramientas ambientales, jurídicas y sociales con el fin de lograr que se cambiara la ruta de la línea. “No se entiende como el descuido de una entidad, que debe mantener en óptimas condiciones las redes de alta tensión, pone en riesgo la seguridad energética del país y usa como excusa su descuido para pasar una red en medio de una zona de exclusión”, dijo.
Es importante aclarar que, según la comunidad de Tabio, ni el Grupo de Energía de Bogotá ni la ANLA corroboraron los puntos de ubicación de las torres y por lo tanto se desconocía el impacto ambiental real del mega proyecto. Este año, cuando finalmente la autoridad ambiental envió un ingeniero para tener un informe, este pudo constatar la vegetación de páramos en la torre 81 y bosques de encenillos en otras 17 torres más. “Adicionalmente, existen muchos acuíferos y nacimientos de agua en ubicaciones cercanas a varias torres que están a menos de los 100 metros autorizados de distancia”, agregó Ávila. Además, estudios respaldados por la Universidad Nacional, comprobaron la presencia en este ecosistema del Tigrillo Lanudo, un felino en vía de extinción. Gracias a estas pruebas, lograron que se impusiera una medida para frenar preventivamente la construcción de la Torre 81.
“Teniendo en cuenta la imposición de la medida preventiva a los trabajos de esta torre, quisiéramos acudir a la oportunidad que ha abrió la ANLA para cumplir, no solo con la protección de la reserva, sino con el tratado AICA –Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad– suscrito a nivel internacional para el cuidado de las aves habitantes de la cuenca alta del río Bogotá y de su corredor migratorio”, agregó Ávila sobre esto.
La líder ambientalista también ha tomado como bandera un apartado del texto que sirve como argumento para suspender la licencia. “En el caso de obtenerse la licencia ambiental, si en terreno la empresa llegase a identificar la afectación de objetos de conservación con imposibilidad de restauración, como cauces de drenajes nacientes, nacimientos, etc., que no hayan sido identificados en la escala 1:10.000 utilizada dentro de este concepto, esta deberá informar al Ministerio de Ambiente y realizar las modificaciones que se requieran para adaptar el proyecto a las condiciones ambientales de estas áreas de reserva forestal”.
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Según el Grupo de Energía de Bogotá todo está en regla
El GEB señala que todas las quejas de la comunidad se han atendido en debida forma; así mismo, desde que inició el proyecto con el proceso de estudios, siempre se ha hecho la respectiva socialización. “Este fue uno de los requisitos, de lo contrario la ANLA hubiera rechazado el trámite”, indicó un vocero del GEB.
En cuanto a las críticas por el impacto al medio ambiente, Alejandro Giraldo, gerente Ambiental de Trasmisión de la Empresa de Energía de Bogotá, señaló que estos proyectos son de bajo impacto, “porque lo que hacemos es ubicar una torre con un cimiento promedio de 3 o 4 metros, no es de 40 como lo señala la comunidad”.
La ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente, mediante las peticiones de la comunidad, podrían reconsiderar una nueva ubicación para las torres, así el GEB cumpliría, no solo con la ley de protección de cobija la zona, sino con su compromiso de responsabilidad ambiental. La pugna de vida o muerte continúa hasta ahora y todo indica que, por lo menos en el corto plazo, no se visualiza una solución definitiva. Hasta ahora, nunca se corroboraron los datos que presentó el GEB.