Un juez de Bogotá sentenció a dos expresidentes de la Refinería de Cartagena S.A.S. (Reficar), Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez a cinco años y tres meses de cárcel y al pago de una multa de 66 salarios mínimos por el caso de corrupción al interior de esta empresa. Además les impuso una sanción de por vida para contratar con el Estado.
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La Fiscalía detalló en su investigación que estos expresidentes “entregaron el contrato a una compañía extranjera de manera directa y no convocaron un concurso público para garantizar la participación de otras compañías que podrían haber acreditado un mejor perfil y experiencia”.
De igual forma hallaron que Castilla y Cabrales le dieron al contratista autonomía para gerenciar y controlar con libertad el megaproyecto, cuyo valor se pactó en 95 millones de dólares.
El juez le concedió la casa por cárcel a Orlando Cabrales Martínez, por grave enfermedad, pero sí ordenó la captura de Felipe Castilla Canales. Los abogados de la defensa apelaron esta decisión que será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
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Historia del caso Reficar
Esta investigación se adelantaba en el contexto de la ampliación del presupuesto para la modernización de la Refinadora de Cartagena (Reficar). El ente encargado debía verificar los motivos del aumento del presupuesto para de ampliación y modernización de la Refinería. Esto entre el año 2011 y el año 2015.
Cabe destacar que este proyecto pasó de 3.777 millones de dólares a 8.016 millones. También, las responsabilidades de la Procuraduría incluían investigar los retrasos en el cronograma de terminación del proyecto.
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Es necesario resaltar que los investigados son Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno, Mauricio Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro.
La ampliación y modernización de la refinería comenzó en 2009 y estaba presupuestada en 3.993 millones de dólares, pero finalmente costó 4.023 millones de dólares más de lo previsto.
Reficar, de propiedad de la petrolera estatal Ecopetrol, fue puesta en marcha en octubre de 2015 por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
En el documento, Reficar indicó que avanza en el arbitraje comercial internacional contra CB&I, «con el fin de recuperar los mayores costos ocasionados por la deficiente planeación y ejecución del contrato de ingeniería, procura y construcción a cargo de esta firma contratista».
Defendió además que esta refinería “hoy es un gran complejo industrial y de refinación vital para la industria y la economía nacional, la seguridad energética del país y la producción de combustibles limpios”.
Poco antes, Ecopetrol indicó en un comunicado que junto a Reficar “obran como víctimas en el proceso penal» que se desarrolla «por hechos relacionados con el proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena”.
“El Juez 16 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá, ante quien se desarrolla la audiencia de imputación de cargos, reconoció a las dos empresas y a la Contraloría General de la República como víctimas”, añadió la información.
La petrolera estatal señaló que «se presentó al proceso en tal calidad desde diciembre de 2016, cuando cursaba la indagación ante la Fiscalía General».
La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra nueve directivos de Reficar, e indicó que indaga «las circunstancias que llevaron al aumento en el presupuesto de la obra, que pasó de 3.777 millones de dólares a 8.016 millones de dólares entre 2011 y 2015».
La investigación disciplinaria alcanza a Gloria Inés Cortés, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta, Natalia Gutiérrez, Hernando Zerda y Carlos Erazo, que eran miembros de la Junta Directiva de Reficar.
También a Nicolás Isaksson y José Alfonso Marrugo Roa, líder del Grupo Legal y vicepresidente administrativo de Reficar, respectivamente.
