La Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional informaron el desmantelamiento de una red ilegal que estaría detrás de la falsificación y adulteración de medicamentos necesarios para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades de alto costo y que son de uso exclusivo del sistema de salud.
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De acuerdo con la investigación, la banda hacía las modificaciones para luego poner los medicamentos a la venta en Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena). L
La organización criminal, al parecer, lograba tener los productos de manera ilegal en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Después, les modificaba las fechas de vencimiento y lotes de fabricación, les cubría las leyendas de uso institucional, y los comercializaba a un mayor costo.
“Durante la investigación se conoció que los tratamientos alterados, presuntamente, fueron distribuidos a través de una asociación dedicada a la atención de personas enfermas de cáncer en Antioquia, y en cadenas de droguerías de diferentes ciudades. De igual forma, se estableció que se habrían ofrecido sin autorización medicamentos que producen adicción o dependencia, elaborados con narcóticos y opioides, los cuales tienen una restricción y regulación especial”, reveló la Fiscalía a través de un comunicado.
Además, las autoridades indicaron que en 10 diligencias de registro y allanamiento ejecutadas en Medellín y Montería fueron capturadas 11 personas que pertenecerían a la estructura criminal.
“En los procedimientos se detectó lo que sería una fábrica ilegal de cosméticos, centros de almacenamiento de medicamentos vencidos o en mal estado, así como los lugares en los que se alteraban cajas y empaques. En total, fue incautada una tonelada de productos”, agregó el ente acusador.
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Los presuntos responsables
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los detenidos delitos como: usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; y estímulo al uso ilícito.
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Entre los procesados estaría el presunto cabecilla de la red, Ramón Antonio Pérez Díaz, supuesto socio capitalista del andamiaje ilegal, y a quien se le atribuye la posible distribución a gran escala de opioides sintéticos y sustancias médicas de uso controlado que generan dependencia.
“Los demás investigados cumplían diferentes roles ilícitos. Algunos serían los encargados de conseguir mediante diferentes maniobras los medicamentos, otros los alteraban y modificaban su presentación, y un grupo se dedicaba a la comercialización”, puntualizó.
Ellos son:
• Pedro Rafael Negrete Daguer
• Jorge David Figueroa Beltrán
• Jesús Alberto Negrete Marrugo
• Orlando José Laguna Ortiz
• Mary Luz Hernández Moreno
• Giovanny Montoya Márquez
• Cristian Camilo Orrego Monsalve
• Javier Alberto Henao Orrego
• Nora Nancy Martínez Bustamante
• Rubén Darío Ramírez Ramírez.
