La Superintendencia de Transporte multó el pasado viernes 15 de julio a las plataformas de transporte particular Beat, DiDi y Cabify por incumplir las normas del sector y no tener permisos para operar. Luego de esta decisión, las plataformas deberán responder por 1.722 millones de pesos.
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La decisión fue tomada por la autoridad vigilante del sector de transporte en Colombia luego de las denuncias de varios ciudadanos que se presentaron en los años 2019 y 2020. La información preliminar entregada en el caso indica que las plataformas estarían utilizando vehículos que no están habilitados para prestar este servicio.
El superintendente Wilmer Salazar destacó que las plataformas estarían incurriendo en esta irregularidad y esto constituye una violación de las normas generales del transporte en el país.
“Las empresas mencionadas fueron declaradas responsables por facilitar la violación de varias normas generales del sector transporte y, asimismo, alterar la debida prestación de este servicio público esencial”, argumentó Salazar.
De esta misma forma, la Superintendencia explicó que las plataformas de transporte deberán realizar ajustes que permitan facilitar o intermediar servicios que “obedezcan a figuras contractuales válidas distintas al contrato de transporte público”, como lo sería un tipo de contrato de arrendamiento con conductor.
“Las compañías deben verificar que los servicios que están facilitando se cumplan acorde a la normatividad. Tienen una de dos: o facilitan servicios con prestadores que cumplan con la normatividad o se aseguran que los contratos de arrendamiento de vehículo, que es la figura que están utilizando, efectivamente se dé en la operación”, explicó el funcionario Salazar.
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Cabe mencionar que la medida mencionada permite vislumbrar si la empresa está legalmente constituida y habilitada, a la vez que certifica que los conductores están capacitados para prestar el servicio de la plataforma y que el vehículo está autorizado.
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Igualmente, el superintendente explicó que no está en contra de las plataformas tecnológicas, siempre y cuando estas “integren la demanda y la oferta de los servicios de transporte”.
“Lo que no resulta posible es facilitar la violación de las normas del sector, pues el cumplimiento de la regulación es fundamental para resguardar derechos fundamentales como la salud, la vida e integridad, y además, derechos de orden económico, si se tiene en cuenta las serias incidencias que tiene el transporte en la competitividad del país”, sentenció el funcionario.
