El 2020 cerró con 1060 víctimas de algún tipo de violencia entre la población LGBTIQ+, 284 por violencia policial, siendo junio el mes con más casos de homicidios y de abuso por parte de autoridades. Pero estas cifras siguen siendo latentes, como lo afirma Alejandro Rodríguez, integrante del observatorio de violencia policial de Temblores ONG. En lo corrido del 2022 se han registrado cinco casos de violencia policial, sin dejar de lado los casos que no son denunciados por miedo o posibles represalias de sus agresores.
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La comunidad LGBTIQ+ ha tenido que llevar a cuestas no solo el peso de la exclusión social sino también las violencias físicas, psicológicas y sexuales que el Código Nacional de Policía define en su Artículo 10: “Las autoridades de policía deben dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades de Policía a aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección constitucional”. Según Rodríguez, “el mandato constitucional de una institución, como la Policía, es que debe cuidar y proteger a toda la ciudadanía por igual (...) Lo que vemos es que es una Policía que pone en muchas ocasiones los derechos de una ciudadanía sobre otra ciudadanía, además partiendo de una serie de prejuicios sociales que existen contra la comunidad LGBTQ+”.
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“Nuestros violentadores no dan la cara”
Briana Sarchi lideresa, activista de Memoria Trans e integrante del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros (CAIDS) afirma que “En la actualidad se sigue repitiendo la misma situación, la Policía sigue siendo nuestra principal violentador. Desde las instituciones no nos reconocen, pues existe un desconocimiento y se basan en los estereotipos, sin tomar en cuenta que ha sido la sociedad quienes nos han llevado a escenarios de empleabilidad como lo son el trabajo sexual y de peluquería”.
Así mismo, Catalina Ángel, Directora de la Red Comunitaria Trans, afirma que: “Somos presa fácil. No existe justicia, no hay un reconocimiento de nuestras identidades, nuestros cuerpos, existe una impunidad sistemática de toda la vida”. Además, mencionan un caso particular como lo son “las trabajadoras sexuales trans, quiénes al ser llevadas al CAI las pueden desde violar hasta tratarlas todo el tiempo de masculinos y arrebatarles todo el dinero que hicieron en su día. También, la facilidad en que la fuerza pública suele quitar y cambiar las cintas con sus apellidos. Esto con el fin de que no sean reconocidos tiempo después por sus víctimas”.
Trabajadoras sexuales trans
La ONG Temblores señala que las trabajadoras sexuales trans, desde el mes de febrero de este año, realizaron la denuncia pero aseguran que llevaban tiempo recibiendo malos tratos y golpizas transfobicas por parte de los policías de la estación. “No nos dan importancia, no hay un marco, ley o política, solo en el marco de las elecciones en general están cero educados y nos ven con morbo no más. “Es que si no nos toca a las maricas nadie es capaz de hacerlo”, explica Emma Espinosa activista y lideresa de Memoria Trans. Durante el 2021 Colombia Diversa registró a través de su Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT, que de las 103 víctimas LGBT del 2021, 78 reportaron como violación primaria procedimientos policivos irregulares, 11 lesiones personales, cuatro agresiones verbales, tres torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, dos amenazas y hostigamiento, dos delitos de discriminación, una violencia sexual, una detención arbitraria y un desplazamiento forzado.
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No obstante, en repetidas ocasiones el principal mensaje por parte de las autoridades es una invitación a denunciar los hechos que afectan la integridad de los ciudadanos, pero ¿cómo denunciar al encargado de velar por mis derechos cuando existe un agotamiento y una falta de credibilidad en las instituciones por parte de la comunidad LGBTIQ+. Asumiendo que nos encontramos en un sistema con niveles de impunidad bastante alto, en los que existe una revictimización y no hay una ruta clara de denuncia para las personas trans y mucho menos un enfoque diferencial que garantice seguridad y tranquilidad a la hora de denunciar.
Dando cuenta de la necesidad de diseñar y participar en espacios de visibilización sobre la comunidad trans, una solución es que la Policía se interese sobre quién es la comunidad LGBTIQ+ y cómo tratarla. “El género no es una sola línea”, como lo señala Emma Espinosa, por eso desde los distintos roles, activistas han intentado incursionar en espacios que históricamente han sido excluidas y expulsadas, desarrollando su propio espacio, su propia realidad. Tomando como base el arte y los grupos de apoyo para a través de estos desarrollar un espacio de sanación y también de construcción y deconstrucción emocional, espiritual y física.
Rutas de apoyo:
Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros CAIDS Teusaquillo: se enfoca en la memoria trans, para poder establecer un grupo de apoyo a partir de sus necesidades y problemáticas. Un espacio para crear sus propias realidades, hablar, romper y exteriorizar sus sentimientos.
Policarpa: ofrece asesoría legal a personas que pertenezcan a comunidades históricamente ignoradas por el estado o personas víctimas de violencia policial e incluso la persona que no quiere hacer la denuncia, se tiene el canal de registro sobre la violencia.