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Rodolfo Hernández sí contrató con el Estado, aunque lo niegue

El candidato presidencial aseguró en una entrevista que no había sido contratista del Estado, pero las evidencias demuestran lo contrario.

Rodolfo Hernández, candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, en medio de una entrevista radial aseguró que no había sido contratista del Estado; sin embargo, esta afirmación no es correcta y a través de ColombiaCheck se demostró.

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De acuerdo con el medio de verificación, en una entrevista con Caracol Radio, el candidato afirmó: “Yo no he sido contratista del Estado de nada. Nunca, en los 52 años que tengo de haberme graduado”.

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El medio confirmó que dicha afirmación es falsa. Resulta que Hernández en el periodo que fue concejal de Piedecuesta sí contrató con el Estado y además por esta razón fue suspendido.

Esa acusación la hizo el exconcejal de Bucaramanga John Claro, a quien Hernández le dio una cachetada en noviembre de 2018.

El exconcejal a través de Twitter escribió que Hernández fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en 1994 “cuando fue concejal de Piedecuesta en 1991, por contratar con el Estado”. Según el medio verificador, en la publicación, Claro mostró un video con una nota del diario Vanguardia en que se titulado ‘Sanción disciplinaria a Hernández’.

Dicha publicación fue comprobada por el diario bumangués y en la noticia señala que la procuradora delegada para la contratación administrativa confirmó una sanción que le impusieron a Hernández a través de la resolución 1256 de noviembre 29 de 1994, correspondiente a la destitución como concejal de Piedecuesta.

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De acuerdo con el texto encontrado se afirma que ”el 30 de septiembre de 1993, el Procurador Provincial ordenó la apertura de averiguación disciplinaria contra Rodolfo Hernández Suárez, por incurrir en presuntas irregularidades en el ejercicio propio de sus funciones, teniendo en cuenta que para el mes de diciembre de 1991 actuó como representante legal de la firma Hernández Gómez y Cia Ltda. para suscribir con el municipio obras por $30 millones”.

El diario Vanguardia habría publicado el expediente del proceso y en este se incluiría el fallo de primera instancia y el Auto del 16 de junio de 1995, con el que se ratificaría la sanción impuesta al entonces concejal.

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