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¿Qué ha pasado con las mujeres que han querido abortar 100 días después de la despenalización?

¿Aumentó el número de mujeres que recurrieron al procedimiento? ¿Lo hicieron con embarazos avanzados? Esto arrojan las cifras:

Hace más de tres meses en Colombia la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esto lo hizo gracias a la histórica sentencia C-055 de 2022 con la que el alto tribunal puso al país a la vanguardia de los derechos de las mujeres.

Ahora que se cumplen los primeros 100 días de la decisión, Profamilia, organización líder en la defensa y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia, realizó un análisis de los puntos positivos y negativos de la sentencia, así como hizo algunas recomendaciones.

Según Profamilia, aunque el 93.3% de los abortos que se han realizado desde el fallo han sido en los tres primeros meses de gestación, la desinformación, las dilaciones en los tiempos de atención, el estigma y las dificultades para acceder a centros médicos por razones socioeconómicas, siguen siendo barreras que enfrentan las mujeres y personas gestantes al solicitar el procedimiento.

La implementación de la Sentencia supone muchos retos para Colombia; de hecho, en países con regulaciones similares como Argentina y Uruguay aún se presentan barreras de acceso sujetas al estigma que recae sobre un servicio de salud como el aborto. Por lo tanto, Profamilia comparte un análisis y recomendaciones sobre lo que ha sucedido en el país durante estos primeros 3 meses de implementación.

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Lo positivo de la sentencia que despenalizó el aborto

· Colombia cuenta con el marco jurídico más amplio de América Latina y el Caribe para la garantía del aborto como un derecho y servicio de salud.

· Varias EPS, en distintas zonas del país, están exigiendo con rigurosidad a sus IPS que se garantice el cumplimiento del plazo razonable establecido por la Corte Constitucional de los 5 días calendario para atender una solicitud de aborto.

· Las usuarias que se acercan a las clínicas de Profamilia se muestran mucho más seguras para exigir la garantía del derecho al aborto que les asiste gracias a la Sentencia C-055 de 2022.

· Se percibe un incremento de organizaciones que difunden información sobre la Sentencia, hacen veeduría y acompañan a las mujeres en sus solicitudes ante el Sistema de Salud.

· En el país todas las voces coinciden en que se deben implementar programas de Educación Integral en Sexualidad, con énfasis en acceso a anticonceptivos, y en que es prioritario desarrollar estrategias para disminuir el embarazo no deseado, especialmente en menores de 14 años.

Lo negativo de la sentencia C-055 de 2022

· La población más vulnerable sigue siendo la más afectada con las barreras de acceso. Las personas no afiliadas al Sistema de Salud, como migrantes en situación irregular o nacionales en situación de pobreza, se enfrentan con la negativa de las instituciones y hospitales públicos que deciden impedir el procedimiento, a pesar de que el aborto es considerado como un servicio de urgencia que se debe garantizar a toda persona que lo solicite, sin importar si está o no afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud.

· Las limitaciones en la disponibilidad de los servicios de aborto en todos los departamentos y municipios del país hacen que las mujeres requieran traslado a otras ciudades para ser atendidas; sin embargo, algunas EPS no cubren los viáticos o tienen retrasos en la atención, lo que impacta en los tiempos para realizar el procedimiento y el aumento en las edades gestacionales.

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· A pesar de que el aborto es un servicio cubierto en el Plan de Beneficios en Salud, aún se presentan casos en los que las empresas aseguradoras le cobran a las usuarias una cuota moderadora o copago que no debería darse.

· Hay profesionales de salud que siguen exigiendo la aplicación de una causal para aprobar un aborto en pacientes que tienen menos de 24 semanas de gestación.

· La desinformación continúa y el castigo social también, lo que expone a las mujeres y personas gestantes a situaciones de maltrato y señalamientos.

Recomendaciones

· Combatir la desinformación para que todas las mujeres y personas gestantes puedan hacer uso de su derecho, lo más pronto posible.

· Fortalecer y ampliar el conocimiento de la Sentencia C-055 de 2022 en todos los funcionarios del Sistema de Salud involucrados en la ruta de atención de aborto, incluyendo el personal administrativo.

· Asegurar que los hospitales públicos cuenten con capacitación permanente del personal de salud, de manera que siempre hayan profesionales formados para suplir y atender la demanda de servicios de aborto.

· Aumentar la disponibilidad de servicios de aborto en todo el país por parte de las EPS y generar los convenios o acuerdos necesarios que permitan garantizar la prestación del servicio, fortaleciendo las rutas de referencia y contrareferencia.

· Promover que las entidades territoriales, como entes rectores del Sistema de Salud en sus jurisdicciones, asuman un rol más activo en el uso de sus facultades de inspección y vigilancia sobre los distintos actores del sistema, para asegurar que se está cumpliendo la sentencia C-055 de 2022.

· Invitar a las instituciones de salud que tienen un carácter confesional a que asuman la obligación de garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y las normas que regulan la prestación de los servicios de aborto, pues no existe la objeción de conciencia institucional.

· Continuar fortaleciendo los programas de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la promoción y prevención del embarazo no deseado, tanto en el régimen subsidiado como contributivo.

· Retomar la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la cual cuenta con un enfoque diferencial y territorial, así como el plan para operativizar los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país, incluido el aborto.

· Impulsar al Ministerio de Educación a que lidere la implementación de programas de Educación Integral en Sexualidad en todo el país, con el apoyo de los padres de familia, tutores, profesores, instituciones públicas y privadas, y sociedad civil.

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