En las últimas horas se conoció que la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, del Consejo de Estado, negó la medida cautelar solicitada por la defensa de Daniel Quintero al considerar que no se demostró la “existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente frente a sus derechos”, según conoció Semana.
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Sin embargo, admitió para su estudio la tutela que presentada por el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en contra de la decisión de la Procuraduría General que lo alejó de su cargo durante los próximos tres meses por presunta participación en política.
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El mismo medio indicó que la tutela fue presentada en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General y el director del departamento administrativo de la Presidencia de la República, y en esta Quintero asegura que con la suspensión de su cargo se le vulneraron los derechos y garantías fundamentales.
Para darle respuesta a la tutela, la magistrada Peña Garzón le solicitó a la Procuraduría General la copia digital del expediente IUS E-2022154858 IUC D-20222-234290 en el que se encuentran consignados todos los detalles del proceso disciplinario contra Quintero.
Alcaldesa de Barcelona pide restitución de Quintero
Este viernes se conoció que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano, desde España, pidió la restitución en su cargo del alcalde suspendido, Daniel Quintero.
A través de la misiva entregada por la mandataria de la ciudad española a la embajada de Colombia en España, expone su preocupación como mandataria por la suspensión del alcalde de Medellín.
Recordó las buenas relaciones que ha tenido la administración de esa ciudad española con varias colombianas, destacando el trabajo que se ha venido realizando con la Alcaldía de Medellín en los últimos años.
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“Cabe destacar nuestra estrecha vinculación con la ciudad de Medellín, que se ha concretado a lo largo de los años en multitud de intercambios e iniciativas de cooperación en diferentes áreas”, dice la carta de la alcaldesa Colau.
Colau comentó que la decisión de la Procuraduría perjudica la imagen internacional de Colombia, ya que la Procuraduría habría desacatado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “que consideró que ningún cargo de elección popular podía ser destituido por la Procuraduría, que es un órgano administrativo”.