Jenny Barrera es una vendedora ambulante de Bogotá, que lleva trabajando en ese oficio hace 32 años. Vive en la localidad de Ciudad Bolívar, es madre de cinco hijos y uno de ellos tiene una condición de movilidad reducida. Labora en el Portal de Transmilenio del Tunal vendiendo dulces, bebidas, paquetes y demás. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida hace unos días cuando le llegó una orden de embargo a todos sus bienes desde el Ministerio de Hacienda.
PUBLICIDAD
El caso lo dio a conocer el ahora electo senador por el Partido Verde, Inti Asprilla, que este miércoles denunció en su cuenta de Facebook el caso de Jenny Barrera. “Me llegó este documento a la puerta de mi casa en el cual dice que me van a embargar mi hogar por un comparendo que le debo al estado como vendedora informal”.
El comparendo al que ella se refiere está argumentado bajo el Código Nacional de Policía, Art. 146, numeral 9: obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en ese sistema (de transporte).
Sin embargo, según una asesora de Asprilla asegura que esto es considerado una “falsa motivación”, pues el Art. 140, numeral 4 también del Código de Policía (Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes) fue demandado ante la Corte Constitucional, donde se estipuló por medio de la sentencia C - 211 de 2017, que los vendedores informales pueden estar en el espacio público para trabajar.
Otra irregularidad denunciada por el senador, es que el agente de tránsito no notifica directamente a la persona afectada y tampoco le hace saber de su derecho a apelar esta sanción.
Según el Liquidador de Comparendos de Bogotá (LICO) hasta este año la vendedora ambulante cuenta con 89 comparendos (el último fue en 2021) liquidados que adeudan $20.916.492.
“Dónde yo trabajo los policías llegan a uno a pedirle a la cédula no solo para identificarnos o pedirnos los antecedentes si no que le toman una foto y a partir de ahí hemos tenido más comparendos de los que ya teníamos, sin ni siquiera haberlos firmado. Además tengo entendido que un mayor de la Policía les pide a los uniformados entregar una cuota de comparendos”, dijo Jenny Barrera.
Finalmente el senador Asprilla aseguró estar acompañando jurídicamente a la vendedora ambulante y advirtió a otros trabajadores consultar-quienes están en Bogotá- en la página https://lico.scj.gov.co/ y el resto del país en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, algún comparendo registrado con su cédula (sin que ellos lo sepan) y que este no sea válido bajo la ya mencionada sentencia C - 211 de 2017.
