Los dos principales hospitales del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá y el más empobrecido de Colombia, suspendieron todos los servicios a sus usuarios porque a sus trabajadores no les pagan el sueldo desde hace siete meses, informó este jueves la Defensoría del Pueblo.
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De acuerdo con un comunicado de la Defensoría, los hospitales San Francisco de Asís, único de segundo nivel del departamento, al igual que el Ismael Roldán, decidieron “suspender todos los servicios a los usuarios por la reclamación de derechos laborales que consideran vulnerados”.
“Resolver la crisis del hospital San Francisco de Asís resulta urgente por ser el principal centro de atención de referencia y es el único que recibe los casos de pacientes que requieren ser remitidos a otras ciudades o centros médicos o de atención especializada de mayor nivel de complejidad”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
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Situado en la región del Pacífico, el Chocó es el departamento con mayor índice de pobreza monetaria y solo tiene seis hospitales de primer nivel (básico) para atender a 30 municipios y uno de segunda categoría (intermedio) para más de 530.000 habitantes, que en la situación actual está inoperativo.
Camargo llamó a las autoridades de salud para atender la emergencia. “Reiteramos el llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud a implementar medidas ágiles y especiales que permitan superar la situación laboral de empleados y contratistas, y garantizar el derecho a la salud en el Chocó”, señaló.
La Defensoría recordó que desde enero de este año los empleados del Hospital San Francisco de Asís están en “anormalidad laboral ya que se les adeuda los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022″.
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Ese hospital, cuya sede está en Quibdó, la capital departamental, fue intervenido en 2007 y desde entonces atraviesa una grave crisis financiera por la que la Procuraduría General (Ministerio Público) ha sancionado a varios funcionarios acusados de corrupción.
“Convocamos a las autoridades gubernamentales para que se cumpla con el pago acordado con los trabajadores por 8.000 millones de pesos (un poco más de 2 millones de dólares), lo cual motivó el cierre total de las actividades”, apostilló la Defensoría.
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