Cuando se decretó la cuarenta en Colombia tras la llegada de la Covid-19, la orden era de encierro total y para muchas familias eso sifnificó algo fatal. En muchos territorios la angustia se apoderó de millones de personas que conseguían su sustento diario saliendo a las calles para comerciar informalmente o para asistir a sus trabajos que sí o sí requerían de la presencialidad.
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Contrario a lo que muchos pensaban, los actores armados en el territorio no mermaron la violencia en medio de esa cuarentena, la aprovecharon para expandir su territorio, ejercer más control y reclutar a niños, niñas y adolescentes. Esta dinámica ya venía sucediendo desde la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc en el 2016, pero la pandemia fue la oportunidad perfecta para que los violentos fortalecieran este actuar.
Diferentes organizaciones de derechos humanos, como Indepaz, alertaron sobre las acciones de expansión que adelantaban los grupos armados aprovechando la falta de control debido a la cuarentena estricta que se impuso por parte del Gobierno para frenar los contagios de Covid-19 en el país.
A tan solo cuatro días de haberse decretado la cuarentena obligatoria el 25 de marzo de 2020 se perpetró una nueva masacre en el país. En el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo fueron hallados los cádaveres de tres ciudadanos venezolanos en la vereda Brisas de Hong Kong.
La ciudadanía comentó que los sujetos habían llegado hace menos de una semana al municipio y que sin razón alguna habían sido acribillados. Por esos días, la Red de Derechos Humanos de Putumayo, Piamonte, Cauca y Nariño, comentaba que en el centro urbano de Puerto Asís circulaban panfletos amenazantes contra la población venezolana.
En el Putumayo, zona fronteriza con Ecuador, hacen presencia los frentes 1 y 48 de las Farc y el grupo paramilitar La Mafia, que desarrolla sus actividades criminales en los cascos urbanos y que durante la pandemia, no se detuvo de atormentar a sus habitantes.
De ahí, hasta finalizada la cuarentena que duró exactamente 5 meses y 27 días, ocurrieron 35 masacres más en todo el país y hasta que terminó el 2020 sucedieron 41 más. En total, en ese año pandémico, en que las autoridades se centraban en controlar la propagación del virus, se progagó la violencia que dejó un saldo total de 91 masacres, según registra el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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Las masacres fueron una de las decenas de dinámicas que siguieron utilizando los actores armados en los territorios para generar zozobra en la población, que además tenía el hambre encima, por haber perdido sus trabajos o no poder salir a conseguir el pan de cada día.
Ni una pandemia pudo acallar la cruenta violencia en Colombia
Camilo González Posso, presidente de Indepaz, confirma que la violencia se recrudeció en muchos territorios producto de la pandemia y la desesperanza que esta generó. “En muchas partes se fortaleció el control comunitario, por la seguridad alimentaria, para cuidar los cultivos y eso también chocó con otros intereses por el control del territorio, como los actores ilegales. Esto desató una pugna con características violentas en muchas regiones. Por eso tenemos una relación muy estrecha entre la pandemia, la crisis económica y social y la violencia”, explica.
Para poblaciones como los firmantes de paz, las comunidades indígenas y afrodescendientes, que estaban concentradas en lugares específicos la incertidumbre y la violencia fue aún mayor, pues los actores armados ejercieron presión en muchas de estas zonas, impidiendo que pudiese ampliar sus zonas de proyectos productivos. Además de esto, el estudio de niños y niñas en la ruralidad, que tuvo que dar un gran salto a la educación a distancia, en lugares donde no había coneión a internet, significó que muchos de ellos y ellas no pudieran seguirse educando.
El panorama fue igual de violento para los niños, niñas, adolescentes y mujeres, que a lo largo de todo el territorio nacional se vieron en la obligación de convivir con sus propios agresores.
Según arrojó un estudio de ONU Mujeres, la violencia de género aumentó un 30% desde el inicio de la pandemia. En una medición realizada por esta organización internacional se dio con el resultado de que el 63% de mujeres respondieron que ellas mismas u otras mujeres que conocen habían experimentado alguna forma de violencia durante este tiempo desde el inicio de la pandemia.
La investigación transfronteriza en 19 países que incluyen a Colombia, dan cuenta de que las líneas de atención a violencias basadas en género aumentaron en toda la región. En el caso de Colombia, la línea habilitada con este fin, la 155, registró 58.256 llamadas desde el inicio de la cuarentena hasta el 31 de julio, un mes antes de que se acabara y de estas el 90% fueron realizadas por mujeres para denunciar violencia de tipo física, psicológica, sexual y económica, según la microdata suministrada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
El panorama en medio de este época de reactivación económica tampoco es muy esperanzador, pues al juntarse con la época preelectoral, las violencias también han mostrado una escalda en diferentes territorios a nivel nacional. “Están los registros de situaciones violentas, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, masacres, una escalada. Arauca, Cauca y Putumayo están atravesando situaciones graves en medio de una coyuntura electoral”, acota Gonzalez Posso.
“En lo que ha enfatizado tajantemente el presidente de Indepaz, es en que debe haber una respuesta de distensión y no de guerrerismo. Son necesarias las estrategias de seguridad humana, con los escasos recursos que se tienen, pero atender a los poblaciones más vulnerables, frenar la corrupción y direccionar bien los recursos del Estado para que se tengan soluciones transparentes”, acota sobre las medidas que desde Indepaz se hacen para que la situación de violencia interna en el país deje de escalar.
Por su parte, y según explicó González, las comunidades también han manifestado que las soluciones están en la atención humanitaria a las poblaciones que más lo necesitan, para que haya garantías de seguridad alimentaria, servicios básicos y calidad de vida.
