La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este martes al Gobierno colombiano adoptar acciones para desmantelar los grupos criminales que asesinan a los desmovilizados de las FARC y poner en marcha la Comisión de Garantías de Seguridad que debería estar funcionando hace años.
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La decisión la adoptó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP tras verificar la “inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes del Acuerdo Final”, informó el alto tribunal en un comunicado.
En esa dirección ordenó al Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, activar las “competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y adoptar el plan de acción para combatir y desmantelar estas organizaciones armadas ilegales”.
Piden plan al Gobierno para combatir grupos que asesinan a excombatientes
Además, durante la audiencia de seguimiento al funcionamiento de la CNGS, la Sección le solicitó a la Procuraduría iniciar las investigaciones disciplinarias correspondientes porque pasados cinco años de creada la CNGS, ésta “no cuenta con un reglamento interno de trabajo”, razón por la cual no se ha podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación.
La JEP recuerda que Restrepo Gómez, que es el encargado de la secretaría técnica de la CNGS, es uno de los 15 miembros que participa en esta instancia creada en el Acuerdo de Paz para apoyar la construcción de una política pública para desmantelar las estructuras criminales.
También integran la CNGS el presidente de la República; los ministros del Interior, Defensa y Justicia; el fiscal general; el comandante de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, al igual que tres expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.
En la diligencia de seguimiento al funcionamiento de la CNGS, los magistrados de la Sección, que se realizó el lunes pasado, concluyeron que no hay claridad sobre cómo se toman las decisiones en esa comisión.
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De acuerdo con el balance que entregó la Sección, 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, incluidas 10 mujeres, entre ellas una indígena del Cauca.
“La lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres no logra impactar con efectividad en la prevención y mitigación de las violencias”, concluyó el presidente de la Sección, el magistrado Alejandro Ramelli.
