En la noche de este jueves 24 de febrero fue asesinado el firmante de paz Luis Caicedo Caicedo, quien era parte del esquema de seguridad de Jair Torres, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Comunes.
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Por la delicada situación de seguridad que atraviesan los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc en el país, el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (Sintrasepaz) emitió un comunicado.
En este llamado, piden al Gobierno que se evalúe la posibilidad de implementar armas largas en el apoyo a esquemas de protección de firmantes de paz.
La exigencia se dio, según el comunicado, porque “la fuerza pública y demás entidades del Estado no cumplan su deber de prevención”.
El comunicado llama la atención sobre la implementación del Sistema Integral de Seguridad. “El gobierno de Iván Duque ha dejado de lado la implementación del Sistema Integral de Seguridad para Ejercicio de Política y le da un mínimo cumplimiento al Plan Estratégico de Protección, limitando su acción a la mera protección, abandonando la prevención y la implementación de la seguridad humana”, reza el comunicado.
Escoltas de excombatientes piden que se les dote con armas largas tras dura situación de seguridad
De igual manera, la misiva trae a recordación el ataque armado del pasado 23 de febrero en Neiva, el cual se dio en contra de uno de los esquemas de protección del candidato al Senado por el Partido Comunes, Vladimir Valbuena.
El hecho en que murió Caicedo Caicedo se dio de manera simultánea con el asesinato de Jorge Santofimio, firmante de paz y dirigente del Partido Comunes que adelantaba proyectos productivos en zona rural del municipio de Puerto Guzmán en el departamento de Putumayo.
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“Hacemos un llamado a la opinión pública y a la comunidad internacional para que rodeen a los firmantes de paz, a la militancia del partido Comunes, a sus familiares y a los trabajadores de la seguridad y la proyección que defienden el Acuerdo de Paz”, señala Sintrasepaz en el comunicado.
En este sentido, exigen que por favor el Gobierno cumpla con el punto 3.4 del Acuerdo de Paz, que establece garantías de seguridad para excombatientes.
“Responsabilizamos al gobierno nacional, por acción y por omisión, frente a lo que viene sucediendo contra los firmantes de la paz; seguiremos acudiendo a las instancias nacionales e internacionales para denunciar los incumplimientos gubernamentales, así como la ausencia de garantías para nuestra participación política electoral”, concluyó el comunicado de este sindicato.
