La Sala Plena de la Corte Constitucional estuvo de acuerdo con la ponencia de la magistrada Cristina Pardo que pedía declarar el ‘estado de cosas inconstitucional’ en un punto de la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc.
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La Corte tuvo en cuenta las ocho tutelas interpuestas por excombatientes de todo el país en las cuales alegaban falta de garantías de seguridad en territorios, entre otros aspectos de incumplimiento del Acuerdo por parte del Estado.
Tras más de seis horas de reunión, la Corte Constitucional terminó por finiquitar una votación de cinco contra cuatro magistrados.
En este sentido, la Sala Plena dictó que se deben adoptar medidas encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad para excombatientes, los miembros del partido Comunes, sus líderes y familias.
“Consideró la Corte que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección y dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos. La Corte Constitucional, además, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, también decidió declarar el estado de cosas inconstitucional y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento de lo establecido en las normas del Acuerdo en lo relativo a las garantías de seguridad”, señaló la magistrada Pardo.
Hay violación masiva del Acuerdo de Paz: Corte Constitucional
Más de diez son las directrices que expone la Corte Constitucional que ordenan a diferentes entidad para que trabajen por las garantías de los excombatientes y la seguridad en el territorio.
A la Unidad Nacional de Protección le ordena que dentro de los próximo 4 meses deberá hacer una evaluación de riesgo de los excombatientes, militantes de Comunes y personas bajo situaciones similares.
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También le ordenó que evaluara los riesgos de los esquemas colectivos de protección en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Dentro de los próximo cuatro meses también deberán ser implementados, de ser necesarios, nuevos esquemas de protección.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo deberán adoptar mecanismos especiales de vigilancia del cumplimiento de la sentencia de esta alto tribunal. De igual manera, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura deberán adoptar las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de este seguimiento planteado.
El Gobierno, además, recibió la orden de adoptar las medidas que permitan cumplir de manera integral las garantías del Acuerdo de Paz, para que se facilite su proceso de reinserción y reincorporación a la vida civil.
“En ese mismo sentido ordenar al gobierno que se inicie los trámites para disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo ejercen actividades de liderazgo político o social y comparecen ante el sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de una repetición”, señaló el alto tribunal.
