El presidente Iván Duque sancionó este martes la Ley de Seguridad Ciudadana, una legislación que fue presentada tras las protestas de 2021 y que calificó como “un triunfo de la legalidad” a pesar de que ha sido motivo de controversia ya que abre la puerta al uso de armas en defensa propia.
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En un acto que se llevó a cabo en la Casa de Nariño y en el que estuvieron presentes varios representantes de su administración, el mandatario festejó un “día histórico” en el que sancionó tres leyes “emblemáticas: un nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional, un estatuto del patrullero y una Ley de Seguridad Nacional”.
Estas tres legislaciones “enarbolan principios, como los derechos humanos, proteger la vida y honrar los bienes de los ciudadanos”, dijo.
La norma de seguridad ciudadana, agregó Duque, da “tranquilidad” a los campesinos y empresarios “para que nadie pretenda a la fuerza arrebatarles la propiedad que solo puede ser reclamada a través de una autoridad competente”.
“Es una norma novedosa, precisa y que cierra brechas a la criminalidad”, concluyó el presidente.
Para el ministro del Interior, Daniel Palacios, esta nueva normativa “pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”.
“Es una ley anhelada y esperada, diseñada para combatir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos. Está claro que hay algunos que no están de acuerdo (...) pero este es un gobierno de hechos, y con esta ley les estamos brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”, detalló.
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“GRAN LOGRO” PARA LOS COLOMBIANOS
También el evento contó con la participación del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien calificó la norma como un “gran logro para los colombianos”, ya que se trata de una ley “garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero, a la vez, implacable contra la delincuencia”.
A partir de ahora, los soldados y policías tendrán “una ley que les representa, y con un régimen disciplinario que les permite estar protegidos pero que les exige actuar con excelencia”, aplaudió el ministro de Defensa, Diego Molano.
La Ley de Seguridad Ciudadana es calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta.
Precisamente esta ley fue presentada tras las protestas que se sucedieron el año pasado en Colombia, que comenzaron por una propuesta de reforma tributaria y se extendieron por cerca de dos meses, en los que hubo reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial, episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.
Una de las principales críticas hacia la ley es que abre la puerta al uso de armas siempre que sea en defensa propia “contra injusta agresión”, sin que posteriormente haya responsabilidad penal.
Asimismo, contempla la “legítima defensa privilegiada cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo”.
Además, modifica el Código Penal para aumentar las penas para quienes cometan delitos contra integrantes de las fuerzas de seguridad o defensores de los derechos humanos, mientras que las penas para quienes afecten la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, transporte masivo e instalaciones militares o de Policía serán de 48 a 144 meses.
