La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que abra un macrocaso para que se investiguen los daños ambientales causados durante décadas al país por la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC.
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La petición se basa en que las FARC causaron daños al medio ambiente con los numerosos atentados que hicieron contra la infraestructura petrolera y eléctrica, la minería ilegal y el narcotráfico, entre otros.
“A nombre de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado he presentado una solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz para que se inicie un macrocaso por el daño ambiental causado por las FARC durante el conflicto”, dijo Camilo Gómez, director de esa entidad, en una declaración difundida en las últimas horas en redes sociales.
El funcionario explicó que por las actividades de narcotráfico, las FARC son “cómplices del vertimiento de millones de litros de insumos químicos en los ríos y en las selvas”.
Esos delitos ambientales son parte del conflicto y por lo tanto deben, asegura Gómez, ser juzgados por la JEP, de la que dijo es “capaz y plenamente competente” para hacerlo.
Recordó que el narcotráfico y “por ende las FARC”, que llegó a ser considerada el mayor cartel mundial de las drogas, son el mayor enemigo del medio ambiente en el mundo entero.
“Los crímenes ambientales son considerados como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional, los cataloga así, es decir no hay una sola duda de que los daños ambientales causados por las FARC como crímenes de guerra que son deben ser juzgados, sancionados” por la JEP, subrayó.
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Gómez recalcó que las FARC deben reparar el daño causado al Estado y a la sociedad por la destrucción ambiental del “altísimo impacto”.
La JEP pidió el miércoles pasado a las organizaciones de víctimas del conflicto armado participar en las audiencias en las que se plantearán observaciones sobre los nuevos macrocasos que pretende abrir este año.
La Jurisdicción Especial para la Paz nació del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016 para juzgar crímenes colectivos de lesa humanidad y de guerra y actualmente tiene abiertos 7 macrocasos que involucran a más de 300.000 víctimas.
Esos siete macrocasos son los de Retención ilegal de personas por parte de las FARC (secuestros), la Situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado (falsos positivos) y la Situación territorial de la región de Urabá.
Completan la agenda de macrocasos, la Situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la Victimización de miembros de la Unión Patriótica y el Reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.
