El presidente Iván Duque objetó el proyecto que reduce el tiempo de respuesta del derecho de petición, pasando de 15 a 10 días hábiles.
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Esta iniciativa ya había sido aprobada en el Congreso y solo faltaba la sanción presidencial para que se hiciera efectiva, pero con esta objeción el proyecto vuelve a la Cámara para que sea modificado y discutido.
Los tiempos de respuesta pasaron a 15 días hábiles cuando inició la pandemia por el coronavirus para que el aparato estatal pudiera adecuar su funcionamiento con el fin de atender la emergencia.
Sin embargo, tras el paso del tiempo y la reapertura del país, se presentó un proyecto para que volviera a sus tiempos iniciales. Y el presidente se opuso.
Según el comentario de Duque, se trata de una decisión inconveniente debido a que la pandemia sigue.
“La ampliación de términos de los derechos de petición todavía es necesaria para garantizar respuestas de fondo y precisas a la ciudadanía, ya que ante la pandemia aumentó considerablemente la utilización y el tráfico de los canales virtuales de las autoridades. Y para la atención de las peticiones, desde los hogares de los servidores públicos y contratistas encargados de responderlas, resulta necesario contar con un tiempo adicional” señaló el mandatario.
Pero esta decisión ha tenido ya varias críticas. La Flip, por ejemplo, advirtió que esto afecta el derecho a acceder a información pública, especialmente para el ejercicio periodístico.
“Esta medida va en contra de las recomendaciones internacionales que establecen que durante la pandemia es clave garantizar el flujo de información. De esto depende que la ciudadanía tome decisiones informadas que afectan su salud”, indicó la FLIP y agregó: “La prensa es uno de los actores más perjudicados por esta medida, pues no pueden acceder de forma oportuna a información pública, que puede servir de insumo para realizar investigaciones de alto interés público”.
