La Cámara de Representantes aprobó en sesión extraordinaria el proyecto que pretende el fortalecimiento de la “seguridad ciudadana”.
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Luego de más de 12 horas de discusión, la Cámara de Representantes terminó por aprobar el proyecto que fue presentado por el Gobierno y que generó polémica.
“Este es un mensaje muy positivo para las ciudades capitales porque trae herramientas tanto para la Policía como para las autoridades locales, y para la justicia, al reformar algunos artículos del Código Penal que busca que la reincidencia en esos delitos ciudadanos sea sancionada con pena de prisión y evite que puedan salir a cometer estos hechos punibles los delincuentes”, dijo el senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez.
Sin embargo, el proyecto ha recibido muchas críticas por parte de diferentes congresistas. Este es el caso del senador del partido de la U, Roy Barreras, quien aseguró que este debe llamarse “Proyecto Turbay”, porque “revive el trágico Estatuto de Seguridad, legaliza el fusilamiento en las calles de los jóvenes; legitima la justicia por propia mano y masacres como la de Llano Verde en Cali”.
Según afirmó el Gobierno Nacional, el proyecto busca responder en temas de seguridad ciudadana y varias situaciones, producto del Paro Nacional. Este fue diseñado en conjunto por los Ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia.
Además, el proyecto incluye reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y sostenibilidad del registro nacional de identificación balística.
Pese a críticas, Cámara aprobó proyecto que fortalece “seguridad ciudadana”
Uno de las medidas que propone el proyecto tiene que ver con la legítima defensa y la proporcionalidad. Plantea que no habrá lugar a alguna responsabilidad penal cuando esta “se ejerza para rechazar a una persona que intente entrar o haya entrado a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”.
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De igual manera, se propone aumentas las penas de homicidio de 41 a 60 años cuando estos se cometan contra miembros de la Fuerza Pública u organismos que cumplen funciones de policía judicial.
Además, el proyecto plantea que la intimidación y la amenaza con arma de fuego, traumática, menos letal o blanca, deben ser considerados como delitos. Por esto, deben ser castigados con penas entre los cuatro y seis años de cárcel.
En adición, se propone una pena de cuatro a doce años de prisión en conductas de afectaciones a las infraestructuras importantes como el sistema de transporte público masivo o instalaciones militares o de policía.
“Quedan notificados los bandidos: el que se meta a una casa o a un negocio a robar, aquí ya tenemos las facultades y las herramientas para defendernos. Yo no pienso tanto en el bandido, yo pienso en el que está en la calle y el otro llega a asesinar o a robar”, dijo Juan Manuel Daza, representante y ponente del proyecto.
En la discusión varios congresistas también expresaron su preocupación sobre el artículo 20 de este proyecto, el cual castiga con penas de tres a cinco años de prisión a quienes obstruyan la función pública con actos de violencia, amenazas o intimidaciones.
“Desde ya anunciamos que vamos a demandar, vamos a adelantar las acciones jurídicas necesarias para que se caiga en la revisión constitucional. Esto es de frente inconstitucional, limita y censura la manifestación de la oposición”, dijo el representante David Racero en esta instancia.
Por ahora el proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y le resta ser discutido y aprobado en el Senador de la República.
