Habiendo ya pasado por sus cuatro debates en el Congreso, el estatuto anticorrupción estaría a tan solo dos pasos de ser aprobado y aplicado en el país.
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La discusión sobre el estatuto ha girado entorno al polémico artículo que ha sido llamado ‘Ley Mordaza’, mediante el cual se aumentan las penas de prisión y sanciones económicas a quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios públicos.
Pero hay otros 67 artículos en el estatuto anticorrupción que ha generado otras discusiones en el Congreso.
Uno de estos artículos es el que convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado. Esto quiere decir, que quienes rompan una estación de TransMilenio o este tipo de cosas, no solo serían privados de la libertad, sino que tendrían que pagar con su propio dinero.
“Los particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños al patrimonio público y que, sin ser gestores fiscales, con su acción dolosa o gravemente culposa ocasionen daños a los bienes públicos inmuebles o muebles, serán objeto de responsabilidad fiscal”, expone el texto del estatuto.
Cabe mencionar que antes los que dañaban el patrimonio público tienen responsabilidad penal y civil, pero no fiscal, que implica pagar por ese daño.
“Con el proyecto lo que hacemos es hacer extensiva esa solidaridad para que los particulares también respondan fiscalmente por el daño del patrimonio”, dijo José Daniel López, representante a la Cámara que defendió este artículo del estatuto.
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Quien dañe patrimonio público deberá pagar con su dinero
Esta medida aplica, entonces, para desmanes ocurridos en manifestaciones, en las que terminan afectadas estaciones de TransMilenio, edificios del Estado, infraestructura vial, entre otras cosas.
Cabe recordar que actualmente este tipo de daños son cubiertos mediante dineros públicos o seguros que son solicitados por las entidades públicas. Esta realidad podría cambiar con el artículo aprobado en el Congreso, dándole la responsabilidad económica, a quien ocasiona el daño.
Dentro del estatuto anticorrupción también hay otros artículos polémicos como por ejemplo el endurecimiento de sanciones económicas a empresas y personas que atenten contra el patrimonio público.
Por ejemplo, se establecen multas de hasta 200 mil salarios mínimos legales vigentes a empresas involucradas en corrupción. De igual manera, se establece que se sancionará con inhabilidad para contratar con el Estado, se publicará en medios de comunicación la sanción impuesta, se prohibiría recibir subsidios del Estado y se destituirían los administradores y directivos.
De igual manera, se ha actuado en temas como alimentación escolar, en donde han habido múltiples denuncias de corrupción. En este artículo se establece que cuando una empresa tenga dos sanciones por incumplimiento en programas de alimentación escolar quedaría inhabilitadas por 10 años para contratar con el Estado.
El estatuto anticorrupción actualmente se encuentra en espera de conciliación entre textos aprobados en Cámara y Senado y luego pasaría a sanción presidencial.