La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este viernes sobre la “grave situación de derechos humanos” que viven las comunidades de la costa pacífica de Colombia, expuestas a desplazamiento, confinamientos forzados, reclutamiento de menores y amenazas.
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La costa Pacífica es una de las zonas del país donde más se ha recrudecido el conflicto desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, debido a la reconfiguración de los grupos armados y la ubicación de esta zona como corredor del narcotráfico, además de su geografía selvática y la proliferación de la minería ilegal.
“Evidenciamos que el origen de sus dificultades es la violencia generada por los grupos armados ilegales, particularmente la guerrilla del (Ejército de Liberación Nacional) ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) que están disputando los negocios ilegales en el territorio”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado.
Estos choques han generado desplazamientos forzados, han expuesto a las comunidades a amenazas y extorsiones y han devuelto las minas antipersonales a las zonas rurales donde trabajan campesinos.
La Defensoría recorrió en un viaje varios municipios de sur a norte de la costa, desde el puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, a Juradó en la punta noroeste del Chocó.
El viaje quería hacer seguimiento a dos alertas tempranas emitidas por este organismo estatal en 2020 y 2021, que afectaban especialmente a comunidades étnicas, y alertaban de homicidios selectivos, secuestros, desplazamientos y reclutamientos de menores, sobre todo por la presencia del Clan del Golfo.
De las más de 57.000 personas desplazadas que hubo en Colombia este año hasta septiembre, el Pacífico fue la zona que más episodios de desplazamiento masivo registró y sigue siendo “el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal”.
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Además, según alertó la Defensoría la semana pasada, en agosto muchas personas volvieron a sus hogares a pesar de que no había las garantías de seguridad para hacerlo, forzadas por la necesidad de velar por sus cultivos y sus fuentes de trabajo.
También en el Pacífico tuvo lugar la mayor cantidad de situaciones de confinamiento forzado, en los que los grupos armados no dejan salir a la gente de sus comunidades o no lo hacen por la situación de inseguridad de los alrededores.
Para Camargo, “lo más urgente y preocupante es la vulneración al derecho a la salud de las comunidades porque en varias de ellas no hay puestos de salud”. Así lo comprobaron en la comunidad de Tribugá, y en otras donde “los puestos de salud están en pésimo estado y sin la infraestructura y equipos adecuados para la atención a los ciudadanos”.
