La Fiscalía y la Policía dieron con el paradero de un grupo delincuencial que se dedicaba a falsificar licencias de conducción evadiendo requisitos importantes como las clases de práctica.
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Los procesados, al parecer, estaban vinculados a un centro de enseñanza automovilística. Ahí, por sumas que oscilaban entre 900 y 1.200.000 pesos expedían licencias de conducción.
Se estableció que utilizando huellas digitales fabricadas en silicona habrían suplantado a los instructores que debían avalar la asistencia a las clases de manejo, de esta forma se habrían certificado desde el año 2018 y hasta 2021 más de 16.500 clases teóricas y prácticas que nunca fueron tomadas.
Con esta maniobra la escuela de conducción, ubicada en Tunja y Duitama (Boyacá), evitaba el pago de gastos fijos como: mantenimiento de los vehículos, impuesto de rodamiento, gasolina y pago a instructores.
La evidencia física recaudada demostraría cómo los procesados desempeñarían distintos roles al interior de la red delincuencial. Unos, al parecer, conseguían clientes, otros cumplirían el papel de instructores.
Los últimos, se cree, certificaban la asistencia de las personas a la totalidad de las capacitaciones para así poder subir la información fraudulenta a los sistemas de los Servicios Integrales para la Movilidad (SIM). De esa manera, se concretaba el entramado de corrupción.
Labores de policía judicial evidenciaron que, para poder cumplir con el referido número de acreditaciones, la organización ilegal habría tenido que suplantar a extrabajadores de la referida academia y así no despertar sospechas en cuanto a los tiempos de labor del personal.
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Entre los 13 procesados se encuentran: la representante legal de la academia de conducción, varios de los supuestos instructores, secretarias, dos exintegrantes de la Policía Nacional, entre otros.
La Fiscalía les imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y acceso abusivo a un sistema informático, según sus responsabilidades individuales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
El juez Cuarto Penal de Control de Garantías avaló la petición de la Fiscalía e impuso para cuatro de los procesados medida de aseguramiento y los nueve restantes seguirán vinculados al proceso.
