Los casi 180 militares que permanecían retenidos por la comunidad en el Catatumbo, por llegar al lugar a erradicar los cultivos ilícitos, fueron liberados en la tarde de este jueves.
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“Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Personería del Municipio de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantaban cerca de 180 soldados del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda ORU 7 del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander” aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Un equipo de profesionales de la Regional Norte de Santander de la Defensoría del Pueblo, viajó en la madrugada de este jueves hasta la zona con el fin de adelantar conversaciones con los líderes de las comunidades campesinas y los miembros del Ejercito Nacional, para verificar la situación en la que se encontraban los soldados.
A la par, el defensor regional acompañó el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Cúcuta para hacerle seguimiento a la atípica situación.
“Como Defensor del Pueblo rechazo las vías de hecho y reitero la importancia del diálogo como mecanismo fundamental para lograr acuerdos entre las partes, siempre sobre la base del respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distingo de condición alguna”, recalcó Carlos Camargo.
Durante todo el día, el equipo de la Defensoría adelantó las gestiones necesarias con la comunidad y con los oficiales a cargo de la tropa en el terreno para garantizar que la situación llegara a feliz terminó, con una manifestación unilateral por parte de las comunidades de retirarse del lugar y de no impedir el trabajo de la fuerza pública.
El comandante de la Segunda División del Ejército, general Ómar Sepúlveda, detalló a periodistas durante horas de la mañana que los uniformados estaban retenidos desde hace dos días en la cancha de fútbol de la vereda Chiquinquirá, que hace parte de Tibú.
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El oficial señaló que eran, en total, seis los pelotones que quedaron retenidos por “más de 600 campesinos” cocaleros, lo cual ya fue informado a la Fiscalía para que tome decisiones “ante los hechos punibles” que son cometidos.
Por fortuna, las partes lograron un acuerdo para dejar salir a estos uniformados.
