Este martes se conoció que el coronel Ilvar Orlando Villamil será juzgado junto a otros seis militares por los hechos registrados en Cúcuta.
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Se trata del atentado con carro bomba perpetrado al interior del batallón de la Brigada 30 del Ejército, con sede en la ciudad capital de Norte de Santander.
El pasado 15 de junio fue activado el artefacto explosivo al interior de la instalación militar. La decisión disciplinaria de la Procuraduría cobija al comandante Gónzalez y a otros tres oficiales y tres suboficiales.
Dentro de los involucrados están el jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Brigada 30, coronel Pedro María Vega Losada; el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta, teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, y el oficial de operaciones de esa misma unidad, mayor César Alexander Carrero Salcedo.
Además, fueron llamados el comandante de guardia al momento del atentado, el sargento viceprimero Luis Eduardo Espejo López. También el suboficial de administración, sargento segundo Mario Andrés López Roque y el cabo segundo Óscar Leonel Pava Caviedes, quien el día de los hechos estaba prestando servicio a la entrada del batallón San Jorge.
La Procuraduría determinó que al parecer no se habrían adoptado las medidas necesarias para asegurar las instalaciones de la Brigada y del personal al interior de esta.
En la situación también se determinó que no se ordenó la disposición de un soldado por apoyo canino antiexplosivos. Esta situación, determinó la entidad, “según los protocolos y guías de seguridad, hubiera sido un elemento fundamental para la detección de explosivos”.
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La Procuraduría también señaló que el comandante de la Brigada 30 “debió gestionar, adelantar, facilitar y suministrar lo requerido para suplir la necesidad planteada” por el batallón.
La necesidad fue, según la Procuraduría, “ampliamente documentada sobre los binomios caninos para el control de ingresos de vehículos y correspondiente inspección a fin de detectar en ellos presencia de explosivos y de esa forma, garantizar el servicio de guardia y seguridad del gran establecimiento militar, en el cual no solo se ubica el batallón BASPC, sino todas las unidades incluso, agregadas al referido cantón”.
Por los hechos registrados, el órgano de control calificó la presunta conducta de González de los sargentos Espejo López y López Aguirre, así como del cabo segundo Pava Caviedes como una falta grave, y esta habría sido cometida a título de culpa.
Por otro lado, el coronel Vega Losada, el teniente coronel Sarmiento Gutiérrez y el mayor Carrero Salcedo se vieron involucrados en una falta gravísima. Según el ministerio público, esta habría sido cometida a título de dolo.
