La Oficina del Consejero Comisionado de Paz aclaró el alcance de la resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, en medio de la controversia generada por la suspensión de órdenes de captura contra voceros de estructuras armadas en Medellín y el Valle de Aburrá.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se enmarca en la Ley 2272 de 2022 y hace parte del proceso de Paz Urbana, con el objetivo de facilitar escenarios de diálogo, avanzar en el desescalamiento de las violencias y promover el tránsito a la vida civil de integrantes de estas estructuras.
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¿Saldrán los cabecillas de las estructuras criminales de Medellín?
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es que la suspensión de órdenes de captura no implica la excarcelación de los voceros de las denominadas Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto. La entidad insistió en que cualquier versión que afirme lo contrario corresponde a desinformación y precisó que las decisiones responden a dinámicas propias de la construcción de paz.
En la misma línea se pronunció la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien lidera la mesa de negociación y desmintió que estas medidas permitan la salida de cabecillas de estructuras criminales de los centros penitenciarios.
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“Lo que hoy saca la derecha, lo que filtra a medios de comunicación que replican sin ningún tipo de verificación, es información falsa. Ya lo vimos hace cuatro años, precisamente por estas mismas fechas. En ese momento, el hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entonces fracasado candidato presidencial, salió con el cuento del llamado ‘pacto de La Picota’. Tuvo todos los reflectores y micrófonos para acusar a la campaña de supuestos acuerdos oscuros que nunca ocurrieron, que jamás pudieron demostrar y que solo buscaron convertirse en un arma electoral”, afirmó la congresista.
Zuleta aseguró que, a su juicio, se repite una estrategia política basada en narrativas sin sustento. “Hoy, cuatro años después, repiten la misma estrategia. Ahora, desde administraciones se ha difundido información que no es verdadera, con el objetivo de posicionar la idea de un ‘pacto 2.0’, una narrativa que solo existe en su cálculo político”, sostuvo.
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La senadora también defendió el enfoque del proceso de paz urbana y negó que existan concesiones indebidas. “Nosotros seguimos trabajando de frente a la gente por la paz, con condiciones claras: la reducción de las violencias en los territorios y el tránsito hacia el Estado de Derecho, sin ningún tipo de concesiones como las que ellos sí hicieron pero insisten en señalar, porque el ladrón juzga por su condición”, dijo.
En su pronunciamiento, además, hizo un llamado directo a los medios de comunicación y cuestionó el contexto político en Antioquia. “En Antioquia hay un juego sucio para atacar el proyecto político del Pacto Histórico, frenar el avance de la paz urbana y evitar que estos procesos sigan desarrollándose. Precisamente en estas fechas de Semana Santa: rezan, pecan y vuelven a rezar”, concluyó.
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El Gobierno reiteró que la suspensión de órdenes de captura busca generar condiciones jurídicas para que los voceros continúen participando en espacios de conversación socijurídica, mientras avanzan los acuerdos condicionados orientados a reducir la violencia.
“Es una garantía para todos los que están sentados en la mesa, todos los que hacen parte del proceso de paz”, le dijo a PUBLIMETRO COLOMBIA la senadora Isabel Zuleta.