La tranquilidad de Pueblorrico, municipio del suroeste antioqueño, se vio sacudida tras el brutal asesinato de Norbey Antonio Suárez Cardona, un comerciante de 55 años conocido cariñosamente como ‘Grillo’. El hombre, propietario del bar “El Barcino”, desapareció el pasado 10 de septiembre después de salir de su establecimiento acompañado por tres sujetos en motocicletas, quienes supuestamente solicitaron combustible.
Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en la vereda Mulaticos, en límites con el municipio de Andes, con signos de tortura, además de estar desmembrado y decapitado, lo que ha generado profundo rechazo entre la comunidad.
De acuerdo con la versión de su esposa, la noche de los hechos ambos se encontraban atendiendo el negocio cuando llegaron los tres hombres en motos. Tras una breve conversación, y sin que mediara resistencia ni presencia visible de armas, Suárez accedió a acompañarlos. Su esposa lo siguió por unas cuadras bajo la promesa de que regresaría pronto; sin embargo, al no tener noticias, dio aviso inmediato a la Policía Nacional, lo que permitió activar un operativo en toda la zona.
La Fiscalía y las autoridades locales confirmaron que, aunque Suárez no había denunciado amenazas formales, familiares y allegados aseguraron que recientemente había recibido advertencias de grupos armados ilegales que operan en la región. Testigos también señalaron que el bar era un lugar frecuentado por hombres armados, presuntamente integrantes de organizaciones criminales como Carne Rancia o el Clan del Golfo, quienes solían reunirse allí para consumir licor.
Las primeras hipótesis apuntan a que el crimen podría estar relacionado con la disputa territorial entre grupos ilegales que ejercen presión en varios municipios del suroeste antioqueño. No se descarta que el homicidio haya sido perpetrado con arma blanca, dadas las características del hallazgo.
La comunidad de Pueblorrico permanece consternada y exige respuestas frente a un hecho que evidencia el clima de violencia en la zona. Líderes locales han pedido mayores garantías de seguridad y presencia institucional para evitar que más comerciantes y familias sigan siendo víctimas de la presión de estructuras armadas que disputan el control del territorio.
Este crimen se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región, lo que pone en alerta a las autoridades departamentales sobre el avance de grupos ilegales y la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de seguridad y protección a la población civil.